Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, Jhon Jairo Berrío hizo un balance de la respuesta estatal y puso el foco en la velocidad de la reconstrucción. En entrevista con EL COLOMBIANO, el representante a la Cámara por Antioquia dijo que el Fondo Milagro, creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella para centralizar y ejecutar los recursos de la emergencia, «ya debería estar funcionando».
La escena lo dice todo. Berrío expresó solidaridad con los familiares de las 331 personas que murieron tras el sismo, con los 4.500 heridos y con los más de 450.000 afectados. Luego describió el tamaño del daño: «más de 4.300 centros educativos afectados», 400 centros de salud, 120 puentes y un número similar de vías dañadas, además de edificios y viviendas en 16 departamentos.
Para el congresista, esas cifras muestran la dificultad de la recuperación. Dijo que «se calcula que puede llegar a 30 millones de pesos el costo de la reconstrucción» y agregó que «se necesitan dos puntos del PIB que irían destinados a la reconstrucción del país». La frase quedó flotando en una conversación que, en el fondo, gira alrededor de una pregunta simple: de dónde saldrá el dinero y cuánto tardará en llegar.
Berrío defendió la reacción inicial del Estado. Resaltó «la rápida intervención del Estado y el Gobierno para atender a los damnificados» y la solidaridad ciudadana, desde los aportes pequeños hasta la ayuda de empresarios que, según dijo, han entregado cientos de miles de millones de pesos. También aplaudió a los cuerpos de rescate por su labor con los sobrevivientes y con quienes fallecieron.
Pero el giro estuvo en el Fondo Milagro. Aunque lo calificó como un «acierto», planteó una serie de dudas. Preguntó cuántos recursos va a mover, de dónde van a salir, a qué sectores del Presupuesto General de la Nación les van a recortar y cuáles serán los controles para vigilar la ejecución. Recordó además que «esto vale alrededor de 40 billones de pesos».
Más tarde, hizo otro llamado al Gobierno: pidió que haya «reglamentación interna en el Fondo para garantizar la honorabilidad en la Ejecución de estos recursos». También insistió en saber cuánto ingresará realmente al mecanismo, de dónde provendrá, a quién se le recortará y dónde se puede ser más eficiente con la Dian para aumentar el recaudo. «Hay muchas dudas e inquietudes», dijo.
En su lectura, el Fondo tendría una ventaja de fondo: quitaría trabas del engranaje legal del gasto público y volvería más ágil, eficiente y eficaz la respuesta del Estado. Además, sostuvo que poner en la mesa directiva a grandes empresarios puede dar tranquilidad sobre el manejo serio, honesto y eficiente de los recursos, y darle un sentido empresarial a la ejecución.
Esa lógica también marcó sus propuestas para el Congreso. Berrío aseguró que desde la bancada del Centro Democrático han sido reiterativos con el gobierno de Abelardo de la Espriella para que reduzca de manera urgente y rápida los gastos de funcionamiento. Dijo que solicitan que eso sea «siquiera dos puntos del PIB», equivalentes a 40 billones de pesos, y que una gran parte de esos recursos se destine a la reconstrucción tras el terremoto.
En paralelo, mencionó un proyecto de ley impulsado por su bancada que busca ponerle IVA del 19% a los minimis o envíos postales urgentes. Según dijo, esa medida recaudaría «cinco o seis billones de pesos» y se aplicaría a las plataformas asiáticas que «están acabando con el empleo en Colombia, con la industria, con el comercio». Su argumento es directo: salvar industria, comercio y puestos de empleo, y recoger recursos para la reconstrucción.
Ahí está el desenlace político de la semana. El Fondo Milagro nace con la promesa de mover recursos con más rapidez, pero su éxito dependerá de algo que el Estado suele prometer y pocas veces cumple: ejecución clara, control real y menos burocracia. Para los contribuyentes, el costo de la reconstrucción ya es enorme; para las víctimas, la demora se mide en días perdidos. En medio de esa tensión, la pregunta no es solo cuánto costará levantar lo destruido, sino si el aparato público podrá hacerlo sin ahogar la ayuda en papeleo.
La reconstrucción exige orden fiscal y prioridades nítidas. Si el Gobierno va a recortar gasto de funcionamiento, tendrá que demostrar que el dinero sale de donde menos daña a la economía productiva y llega rápido a quienes perdieron todo. Si no, el país terminará pagando dos veces: por la tragedia y por la lentitud del Estado.
