Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue reseñado este sábado 3 de octubre en la cárcel Bellavista, en Bello, como parte del procedimiento previo al cumplimiento de la medida de aseguramiento domiciliaria ordenada por un juez de control de garantías.
La reseña se realizó hacia las 11:30 de la mañana. Después, Quintero fue trasladado al inmueble acreditado ante las autoridades como su lugar de reclusión domiciliaria: una finca ubicada en la vereda La Veta, en límites entre Copacabana y Girardota, al norte del Valle de Aburrá.
La decisión judicial fue adoptada el viernes 2 de octubre por el juez 27 de control de garantías de Medellín, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Según la Fiscalía, la investigación está relacionada con seis contratos que suman cerca de $17.656 millones y en los que, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, se habría producido una apropiación de recursos públicos por $2.481 millones. Esas afirmaciones hacen parte del proceso judicial y deberán ser debatidas en las audiencias.
Este lunes 5 de octubre continúan las audiencias de apelación contra la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta a Miguel Quintero. En el mismo proceso, Sebastián Ortega también es investigado por estos hechos, pero permanece en libertad mientras avanza la actuación judicial.
La decisión de que Quintero permanezca privado de la libertad en su domicilio generó cuestionamientos de sectores políticos de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez expresó públicamente su desacuerdo con que la medida se cumpla en la finca de La Veta y afirmó que, según su posición, el inmueble habría sido construido con recursos relacionados con los hechos investigados.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, también cuestionó el lugar elegido para cumplir la medida y sostuvo que la vivienda habría sido construida y mejorada con recursos que, según su interpretación del caso, fueron objeto de apropiación.
La defensa de Quintero sostiene su posición dentro del proceso y recuerda que la medida de aseguramiento no constituye una condena. La Fiscalía Anticorrupción y la representación del Área Metropolitana anunciaron que apelarán la decisión para solicitar que la medida sea intramural.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Quintero es investigado por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre 2019 y 2023, cuyo valor supera los $17.657 millones. Según la hipótesis del ente acusador, pese a no ocupar un cargo público, habría intervenido en decisiones contractuales del AMVA y participado presuntamente en un esquema para favorecer a determinados contratistas.
La investigación también contempla posibles sobrecostos en la adquisición de kits durante la pandemia de covid-19, así como pagos por servicios de transporte que, según la Fiscalía, no se habrían prestado y recargas de telefonía celular que tampoco habrían sido ejecutadas.
Los contratos bajo investigación fueron celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía sostiene que algunos de estos convenios se habrían suscrito sin cumplir los requisitos legales y mediante un mecanismo que, presuntamente, habría permitido direccionar la contratación en favor de un beneficiario específico.
La escena lo dice todo: una reseña carcelaria, una finca como domicilio y un proceso que sigue avanzando a puerta cerrada mientras la discusión pública gira en torno a dónde debe cumplirse la medida. En un caso así, el Estado no solo persigue una hipótesis penal; también exhibe el costo institucional de una contratación que, según la Fiscalía, habría terminado en presunta apropiación de recursos públicos.
Para la ciudad y para el contribuyente, el desenlace importa porque el centro del expediente no es una disputa abstracta, sino dinero público, reglas de contratación y límites que deben respetarse. Cuando esos límites se rompen, el daño no lo paga una consigna política: lo paga el bolsillo ciudadano y la confianza en las instituciones.
