La escena lo dice todo. Mientras Abelardo de la Espriella tomaba posesión, los grupos armados ilegales encendían once departamentos en un lapso de cuarenta y ocho horas. No era un saludo protocolario: era una demostración de fuerza territorial que el nuevo gobierno tendrá que responder desde sus primeros días de gestión.
Entre el 7 y el 8 de agosto se registraron ataques armados, hostigamientos y atentados con artefactos explosivos en Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. La concentración más intensa se produjo en Cauca y Nariño, pero la simultaneidad geográfica fue el dato que encendió las alarmas institucionales.
Los hechos más graves incluyeron la destrucción del peaje de Cachimbal y afectaciones con explosivos en el peaje de Mondomo, sobre la vía Panamericana en Cauca. En Curumání, Cesar, un atentado con explosivos cobró la vida de un uniformado de la Policía. Las agresiones estuvieron dirigidas mayoritariamente contra estaciones e instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura vial y corredores estratégicos.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que aclaró que la información disponible «no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada» y atribuyó los hechos a dinámicas territoriales y a la actuación de diferentes estructuras armadas en un escenario de fragmentación de los grupos ilegales. La distinción importa: no hay un mando único detrás de la ola, sino múltiples actores que operan en paralelo aprovechando el vacío de atención que suele acompañar a toda transición de gobierno.
Lo que sí preocupó al organismo fue la selección de los blancos. Cabeceras municipales, zonas residenciales, establecimientos comerciales y vías de tránsito cotidiano aparecieron en la lista junto a objetivos militares. Para la Defensoría, ese patrón evidencia una amenaza directa sobre los ciudadanos no combatientes. «La presencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección respecto de las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones», subrayó la entidad, invocando las normas del Derecho Internacional Humanitario.
El otro elemento que transformó el análisis fue tecnológico. La Defensoría alertó sobre la creciente y reiterada utilización de drones y artefactos explosivos, modalidades que, según el organismo, están cambiando de manera alarmante las condiciones del conflicto armado en Colombia. El uso de drones en el Norte de Antioquia y Tolima fue reportado sin heridos, pero la capacidad de proyección que esa tecnología otorga a grupos irregulares representa un salto cualitativo en la amenaza.
Ante ese escenario, la Defensoría dirigió un mensaje formal al gobierno de De la Espriella: fortalecer la respuesta estatal de manera prioritaria desde sus primeros días, desplegando una estrategia integral que combine acciones de seguridad y defensa militar con medidas de prevención y protección a las comunidades expuestas. El organismo instó además a las nuevas autoridades a atender las recomendaciones territoriales formuladas por el Sistema de Alertas Tempranas como herramientas para anticiparse a los escenarios de riesgo.
«La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia», señaló la Defensoría.
De la Espriella respondió públicamente tras el atentado en Mondomo con una declaración que circuló en medios: «Colombia no se arrodillará ante el terrorismo».
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Para Hemisferio, los detalles cuentan la historia. El nuevo gobierno hereda un mapa de conflicto fragmentado, con actores que no obedecen a un centro de mando pero que sí comparten una ventana de oportunidad: la transición. La política de «paz total» del gobierno saliente dejó negociaciones abiertas, ceses parciales y estructuras armadas que, lejos de desmovilizarse, consolidaron presencia territorial y capacidad de fuego. De la Espriella llega con la promesa de un giro en la doctrina de seguridad, y la ola del fin de semana inaugural es, en ese sentido, la primera prueba de que el Estado colombiano necesita recuperar iniciativa antes de que la fragmentación de los grupos ilegales se convierta en un problema aún más difícil de contener. El libre tránsito por la vía Panamericana, la seguridad de los peajes y la vida de los uniformados no son abstracciones: son el piso mínimo sobre el que se construye cualquier economía regional. Sin ese piso, la inversión no llega y las comunidades pagan dos veces: con violencia y con pobreza.
