La escena lo dice todo. Abelardo de la Espriella decidió convertir a Barranquilla en su «capital alterna» y desde allí tomó una determinación que, por ahora, cambia la administración de una de las puertas aéreas más importantes de la región: el Distrito asumirá por 18 meses la remodelación del lado tierra del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.
La medida no toca la pista ni la seguridad operacional. La Aeronáutica Civil mantendrá la competencia sobre esos asuntos y el terminal seguirá perteneciendo a la Nación. En otras palabras, el Estado conserva el control de lo esencial, mientras la ciudad entra a manejar una parte concreta de la infraestructura.
El presidente explicó que la decisión responde al peso que ha adquirido Barranquilla y a la necesidad de que su infraestructura acompañe ese crecimiento. «Una ciudad que aumenta su peso, su densidad dentro de un país, necesita también una infraestructura capaz de acompañar esa transformación, ese cambio», aseguró.
La intervención llega con una cifra precisa: $40.000 millones aportados por el Distrito. Según el mandatario, esos recursos deben destinarse a necesidades que llevan «muchísimo tiempo insatisfechas» y traducirse rápido en obras visibles para pasajeros y trabajadores. Su expectativa es que dentro de pocos meses ya se estén inaugurando trabajos.
El énfasis oficial estuvo en la funcionalidad económica del aeropuerto. De la Espriella señaló que el Ernesto Cortissoz tiene una importancia «estratégica y superlativa» para su Gobierno, sobre todo por la intención de atraer empresarios, turistas, compañías e inversión extranjera. También dijo que Barranquilla es «preciosa», pero que el aeropuerto no está al nivel de una ciudad como esa.
El giro es político y administrativo. El Gobierno quiere que el modelo aplicado en Barranquilla sirva de referencia para otros aeropuertos del país. En esa misma línea, el jefe de Estado pidió que Colombia tenga terminales aéreas que acompañen el desarrollo regional y faciliten el comercio, la inversión y el turismo.
No hubo, sin embargo, una transferencia total. La Aeronáutica Civil conservará las competencias relacionadas con la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y otros asuntos que seguirán bajo su responsabilidad. Mientras tanto, el Distrito asumirá temporalmente determinadas funciones sobre áreas del terminal, una vez se cumplan las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en el acuerdo.
De la Espriella también cuestionó que algunos equipos adquiridos durante administraciones anteriores continúen guardados o sin prestar el servicio esperado. Dijo que eso no es aceptable en el Gobierno de «El Tigre» y lo atribuyó a «gestión y negligencia».
Los protagonistas de la trastienda no son solo los despachos oficiales. El mandatario puso el foco en los trabajadores del aeropuerto, a quienes dijo que las mismas incomodidades de los pasajeros también los han acompañado durante años. Por eso, aseguró que las obras deberán traducirse en mejores condiciones para quienes trabajan diariamente en el terminal.
También mencionó a Soledad, municipio donde está ubicado el aeropuerto, y pidió que las familias que dependen directa o indirectamente de la actividad de la terminal se beneficien de la intervención. El desenlace que espera el Gobierno es claro: que quienes lleguen al Ernesto Cortissoz encuentren «una terminal distinta, moderna, cómoda y que sea reflejo del progreso de esta región».
En términos de fondo, la apuesta favorece una lógica de resultados: menos inmovilidad burocrática y más capacidad local para ejecutar obras. La pregunta de fondo no es solo si Barranquilla consigue una terminal más funcional, sino si esta fórmula permite que la infraestructura responda al crecimiento económico en vez de frenarlo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El Gobierno está diciendo que el progreso no puede depender de trámites eternos ni de activos públicos subutilizados. Si el modelo funciona, el beneficio será para pasajeros, trabajadores y para la actividad privada que depende de una terminal eficiente. Si falla, el costo volverá a caer sobre el dinero de los contribuyentes y sobre una infraestructura que no puede darse el lujo de quedarse atrás.
