Estudiantes de Medicina y representantes en Barinas solicitaron al gobernador Adán Chávez mediar contra el cierre del núcleo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) en esa entidad. La demanda tiene un punto central: que se cumpla el convenio interinstitucional vigente hasta el 27 de marzo de 2027.
La escena lo dice todo. Los afectados no reclaman una excepción improvisada, sino el respeto de un acuerdo firmado que, según su versión, sigue en vigor. Por eso entregaron un oficio al gobernador y pidieron respaldo político para frenar el traslado forzoso a Coro.
Según los voceros, si no reciben una respuesta favorable en el ámbito regional, elevarán el reclamo al Ministerio de Educación Universitaria y a la Presidencia de la República. En otras palabras, el conflicto ya no se limita a una disputa administrativa local: sube de nivel y pone a prueba la capacidad del Estado para honrar sus propios compromisos.
Elvis Ramírez, padre de un joven afectado, dijo que los bachilleres asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) obtuvieron los mejores promedios en sus liceos de origen. También aseguró que formaron un comité para apoyar a los estudiantes admitidos en la extensión de la casa de estudios falconiana en Barinas.
Ramírez explicó que el argumento de fondo es económico. Según dijo, el traslado a la capital de Falcón implicaría limitaciones económicas para las familias, que tendrían que costear estudios fuera de su estado. En un país donde el gasto educativo ya golpea a los hogares, el desenlace de este caso se leerá también como una señal sobre quién termina pagando las decisiones de la burocracia.
Los voceros fundamentan su petición en la vigencia del convenio institucional suscrito entre las autoridades. Ramírez recordó que ese acuerdo fija el cese de actividades en la extensión de Barinas para el 27 de marzo de 2027, por lo que exigió aguardar el vencimiento formal de ese plazo.
Pese a que, según Ramírez, han sostenido reuniones con la rectora para exponer sus propuestas, aún no reciben una contestación que garantice la continuidad académica en la entidad. Esa ausencia de respuesta es ahora el corazón del conflicto: no solo está en juego un cupo, sino la confianza en que los acuerdos entre instituciones públicas tienen valor real.
Los detalles cuentan la historia. Los estudiantes fueron asignados por la OPSU, sus familias alegan que consiguieron altos promedios y el convenio citado por ellos sigue marcado por una fecha de cierre que no ha llegado. Aun así, el núcleo de Medicina en Barinas aparece amenazado por una decisión que los afectados consideran prematura.
Si la Gobernación de Barinas no ofrece una salida favorable, Ramírez advirtió que llevarán el reclamo a Caracas ante el despacho ministerial y la Presidencia de la República. Ese giro dejará a la vista si el aparato estatal corrige a tiempo una medida que, de confirmarse, golpearía a quienes hicieron el mérito académico y ahora enfrentan la incertidumbre institucional.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El caso no trata solo de un campus o de un grupo de admitidos; trata de la seguridad jurídica mínima que cualquier sistema educativo debe ofrecer a quienes cumplen requisitos y reciben una asignación oficial. Cuando la palabra empeñada por las autoridades se vuelve discutible, el daño no es solo para una cohorte de estudiantes: también se erosiona la credibilidad del sistema.
Y ahí está el punto de fondo. Si el convenio realmente sigue vigente hasta el 27 de marzo de 2027, entonces la continuidad académica no debería depender de gestiones de última hora ni de una peregrinación a Caracas. Respetar los acuerdos es una forma básica de proteger a las familias, evitar costos innecesarios y dar previsibilidad a la educación pública. Cuando eso falla, pierde el estudiante; gana la arbitrariedad.
