Los suministros llegaron por aire. El jueves, un envío aéreo de artículos de higiene aterrizó en Venezuela procedente de Coconut Creek, en el condado Broward, Florida, donde tiene su sede Food For The Poor (FFTP). La semana que viene, un tercer contenedor marítimo completará el ciclo desde ese mismo almacén.
La escena lo dice todo: mientras el aparato estatal venezolano guarda silencio sobre el número de desaparecidos, son organizaciones privadas las que sostienen la respuesta humanitaria sobre el terreno.
FFTP y la Fundación Wayuu Taya han distribuido hasta ahora 2,000 kits de higiene y han reforzado el acceso a agua potable para las comunidades afectadas. Además, la organización entregó 1,400 kits adicionales a una congregación católica para su distribución en Yaracuy, en el centro-occidente del país, una de las zonas más golpeadas por los sismos.
En alianza con CADENA International, FFTP también suministra agua potable a unas 2,000 personas desplazadas en la comunidad de Brisas de Maiquetía, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Caracas.
«Cada entrega representa un paso importante para las familias que intentan reconstruir sus vidas tras estos terremotos. Nuestros socios locales nos ayudan a llevar asistencia vital a las comunidades que más la necesitan», dijo Ed Raine, presidente y director ejecutivo de FFTP. Raine afirmó que la organización ya mira más allá de la emergencia inmediata y se enfoca en el «largo camino de recuperación que tenemos por delante».
Los detalles cuentan la historia. Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han dejado, según las cifras oficiales divulgadas el sábado, 5,119 muertos, 16,740 heridos y 17,907 personas viviendo en campamentos. Pero el régimen venezolano no ha suministrado datos sobre los desaparecidos. Un recuento de organizaciones civiles estima que se desconoce el paradero de unas 30,000 personas, según esas mismas fuentes.
La distancia entre ambas cifras —la oficial y la civil— es, en sí misma, un dato político. Cuando un Estado no informa sobre sus desaparecidos, la opacidad no es un accidente administrativo: es una decisión.
Para entender el presente hay que volver a esa semana del 24 de junio. Dos sismos en cuestión de horas, una cadena montañosa sacudida en el centro-occidente del país, y un gobierno que desde entonces ha administrado la información con la misma lógica con que administra todo lo demás: el control antes que la transparencia.
En ese vacío, la sociedad civil y las organizaciones internacionales con base en Florida han ocupado el espacio que el Estado dejó libre. FFTP opera desde Coconut Creek; sus redes de distribución llegan a Yaracuy y a las puertas del aeropuerto de Maiquetía. La logística es privada, la financiación es privada, la coordinación es privada.
Eso es exactamente lo que Hemisferio lleva tiempo señalando: cuando el gobierno falla —o decide no actuar—, es la libre empresa y la filantropía organizada las que sostienen a las personas. No el aparato burocrático, no el discurso oficial, no los comunicados de prensa del régimen. La pregunta que queda abierta, mientras el tercer contenedor zarpa desde Broward, es cuánto tiempo más podrá la ayuda externa compensar lo que un Estado disfuncional se niega a proveer.
