A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación reiteró su mensaje político más sensible: «nadie está por encima de la ley». Rosa Icela Rodríguez lo publicó en redes sociales este 26 de septiembre de 2026, justo cuando familias, estudiantes y colectivos volvieron a movilizarse para exigir justicia.
La frase tiene peso porque llega en una fecha cargada de memoria y de desgaste institucional. Desde hace años, el caso concentra reclamos de madres y padres, además de una demanda social que no se ha apagado: saber qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y conocer el destino de los jóvenes.
La presidenta Claudia Sheinbaum también movió al lunes 28 de septiembre de 2026 la presentación del informe sobre las indagatorias. El reporte estaba previsto para el viernes 25 de septiembre, pero se reprogramó por las actividades del aniversario y por la marcha de este sábado 26.
Sheinbaum dijo que el documento será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, y por el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán. El contenido incluirá información sobre la atención a las familias, las búsquedas realizadas, las nuevas detenciones y las razones que llevaron a esas aprehensiones.
También contempla nuevas líneas de investigación y los elementos científicos que las sustentan, entre ellos información sobre el uso de teléfonos durante la noche y la madrugada en que ocurrieron los hechos. La mandataria afirmó que su gobierno abrió líneas de investigación que no se habían seguido con suficiente profundidad.
Ese dato es central: el gobierno está admitiendo, al menos en los hechos, que el expediente sigue abierto y que la ruta anterior no agotó el problema. Para las familias, eso puede significar una oportunidad; para el aparato estatal, una nueva prueba de que el tiempo no sustituye a la verdad ni al trabajo forense y judicial.
Sheinbaum sostuvo además que las madres y los padres ya conocen la información que será presentada y que las reuniones con ellos continuarán. Según la propia mandataria, el cambio de fecha respondió a la agenda de actividades y a la marcha conmemorativa.
La movilización volvió a mostrar que Ayotzinapa no es solo un expediente judicial: es una herida política y moral que sigue abierta. Las familias han cuestionado distintas etapas de la investigación y han pedido profundizar en las líneas que permitan conocer el paradero de los estudiantes.
En esa trastienda, el nuevo informe importa por una razón simple: no basta con repetir consignas sobre justicia. El país necesita resultados verificables, detenciones bien sustentadas y una explicación consistente de lo ocurrido. La confianza pública no se reconstruye con declaraciones solemnes, sino con hechos que resistan la revisión.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014, dejó una exigencia que no envejece: verdad completa y responsabilidad institucional. Si el gobierno quiere que el mensaje de «nadie está por encima de la ley» tenga contenido, deberá demostrarlo en el informe del 28 de septiembre y en lo que siga después.
