El general Audomaro Martínez Zapata quedó en el centro de una nueva disputa política por su patrimonio y su papel en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, dijo a EL UNIVERSAL que Martínez debe hacer pública su declaración patrimonial porque, a su juicio, es una pieza clave en una red de corrupción que incluye huachicol fiscal, tráfico de influencias y otros delitos. Añorve lo ubicó además como parte del «cártel de Macuspana» y sostuvo que lo correcto es que transparente su patrimonio.
El priista afirmó que «cada día salen nuevos escándalos de funcionarios y exfuncionarios de la 4T que se enriquecieron y otros que ocultan su patrimonio». Agregó que todo eso ocurrió «al amparo y a sabiendas de López Obrador», a quien reprochó que ahora salga «a dar lecciones de periodismo y ética».
La discusión se intensificó después de que EL UNIVERSAL publicó que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio de AMLO firmó reservar por cinco años su declaración patrimonial, bajo el argumento de que publicarla pone en riesgo la seguridad nacional.
Añorve sostuvo que el funcionario recabó información sobre toda la corrupción en el sexenio de López Obrador. También mencionó que actualmente se estaría investigando a Andy López Beltrán en Estados Unidos, que sigue pendiente el tema del huachicol fiscal y la responsabilidad del exsecretario de Marina, y que hay colaboradores y cercanos a López Obrador que están desaparecidos, prófugos o que la FGR no quiere investigar.
«Audomaro debió enterarse en su cargo de la corrupción en las obras faraónicas de López Obrador», dijo el senador priista, quien concluyó que se trata de «otro de los eslabones perdidos de la corrupción, que busca ocultar su riqueza».
Del otro lado, Ricardo Monreal salió a marcar distancia. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que el partido oficialista no encubrirá a ningún exfuncionario que deba rendir cuentas, en referencia directa a los señalamientos contra Martínez.
Monreal fue cuestionado sobre la investigación que expone cómo el exjefe de inteligencia blindó sus declaraciones patrimoniales por los próximos cinco años. Su respuesta fue tajante: «Yo creo que todos tenemos que responder ante las instancias jurídicas convenientes. Morena no va a proteger a nadie. Morena no exculpa a nadie y cada uno tiene que responder de sus actos».
El diputado agregó que la institución de persecución de delitos, la fiscalía y el ministerio público, tendrán que determinar el nivel de responsabilidad que tiene él o cualquier otro exservidor público.
La escena lo dice todo. Un general con acceso a información sensible, una declaración patrimonial reservada y dos partidos que se lanzan acusaciones en un terreno donde lo que está en juego no es solo la reputación política, sino la credibilidad del aparato estatal para vigilarse a sí mismo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: cuando el poder presume transparencia pero reserva patrimonios, el mensaje para el ciudadano es claro. La rendición de cuentas no puede depender de lealtades partidistas ni de blindajes administrativos. Si hay bienes que explicar, deben explicarse; si hay responsabilidad, debe investigarse sin protección política.
