La reforma pensional sigue atada a una cadena de decisiones institucionales después del fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024. Mientras la Cámara de Representantes debe debatir los temas que quedaron pendientes, el Banco de la República, Colpensiones y el Ministerio de Hacienda ya presentaron solicitudes sobre la forma en que debe aplicarse la norma.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dijo que, mientras no exista una decisión diferente de la Corte, los fondos privados trabajan con el escenario de que la reforma comenzará a regir el primero de abril de 2027. Según explicó, la Corte dejó pendientes nueve artículos y una proposición aditiva porque esas iniciativas no fueron discutidas por la Cámara.
La corporación tiene hasta el 29 de octubre para hacer el debate correspondiente. Después, la Corte deberá revisar si se subsanaron los asuntos pendientes. En paralelo, tres instituciones han planteado solicitudes frente a la implementación de la reforma.
El Banco de la República pidió una aclaración sobre las fechas de entrada en vigor, sobre todo para tener certeza sobre desde cuándo podrá realizar las inversiones relacionadas con el nuevo sistema. Colpensiones solicitó la modulación temporal del fallo para que la reforma no entre en vigor el primero de abril de 2027, sino un año después.
El argumento de Colpensiones es que necesita más tiempo para completar la implementación necesaria para operar bajo el nuevo esquema. Velasco dijo que Asofondos analiza la posibilidad de coadyuvar esa solicitud «única y exclusivamente porque Colpensiones, que será el centro del nuevo sistema de pensiones, necesita estar listo para operar».
A esa discusión se suma el Ministerio de Hacienda, que presentó un incidente de impacto fiscal. El Gobierno argumenta que la reforma tiene costos durante 2027 que no están incluidos en el Presupuesto de la Nación. La solicitud busca que la entrada en vigor de la ley no se produzca antes de finalizar 2027, de manera que su aplicación corresponda a la vigencia presupuestal de 2028.
Mientras se define el calendario definitivo, las administradoras privadas Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia dicen haber avanzado en la preparación tecnológica y operativa que exige el nuevo sistema. Velasco afirmó que los fondos tuvieron que invertir «decenas de millones de dólares en tecnología y en nuevas capacidades» para ofrecerles a los colombianos lo que van a proveer.
También sostuvo que el trabajo de los fondos privados se agranda en el corto plazo con la entrada en vigor de la reforma. A su juicio, las administradoras están preparadas para el escenario planteado por la Corte y seguirán atentas a las decisiones que se adopten sobre las solicitudes de modulación.
Por ahora, la referencia para la industria sigue siendo el primero de abril de 2027. Velasco fue claro: mientras la Corte Constitucional no diga nada diferente, están concentrados en que la reforma entre a partir de esa fecha. Si algo cambia, dijo, se recalcula.
Otro de los asuntos que sigue en el radar de las administradoras privadas es el régimen de inversiones. Velasco sostuvo que, independientemente de lo que ocurra con la reforma, los fondos continuarán administrando los recursos de sus afiliados bajo las reglas vigentes. También destacó el anuncio del Gobierno Nacional sobre la derogación del Decreto 369, que limitaba las inversiones en el exterior.
«Para nosotros, esa es una decisión correcta. La diversificación es una de las características más importantes de todos los portafolios», dijo. Asofondos espera que el Gobierno concrete la derogación antes de que avance el cronograma previsto por la norma, para evitar decisiones que puedan afectar la administración de los ahorros de largo plazo.
Con corte a junio de este año, los fondos de pensiones privados manejaban $579 billones de 19,4 millones de trabajadores, y otros $41 billones de un millón de afiliados a las pensiones voluntarias. Velasco explicó que cerca del 43% del total de los fondos está invertido en activos emitidos por extranjeros y aproximadamente 57% en activos emitidos por colombianos, entre ellos el Gobierno Nacional.
También negó que, como consecuencia de las normas expedidas por el anterior Gobierno, los fondos hubieran alcanzado a repatriar recursos del exterior. «No se alcanzaron a traer recursos», enfatizó. Según explicó, la norma establecía seis meses para presentar un plan informativo ante la Superintendencia Financiera, cuyo plazo vence el próximo 7 de octubre.
«Lo que estamos esperando es que el Gobierno emita el decreto antes de esa fecha para no generar expectativas de repatriación», agregó.
La escena lo dice todo. La reforma pensional no solo enfrenta un debate jurídico, sino una pulseada por el calendario, el costo fiscal y el margen real de acción de quienes administran el ahorro de millones de trabajadores. Cuando una ley depende de tantas modulaciones, el contribuyente termina pagando la factura de la incertidumbre.
Y ahí está el punto de fondo: el sistema necesita reglas claras, no improvisación burocrática. Si el Estado quiere rediseñar las pensiones, debe hacerlo sin trasladar más cargas al presupuesto ni poner en riesgo la administración técnica de los recursos. En una materia tan sensible, la seguridad jurídica no es un detalle; es la base para proteger el ahorro de largo plazo y la libertad de inversión.
