Una estudiante española de 21 años fue asesinada en Cuautla, Morelos, mientras realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La joven fue identificada por la propia universidad como Claudia Tacoronte Aguilera.
La UAEM informó en un comunicado que la estudiante «lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla» y expresó su «profunda indignación» por la muerte. También señaló que activó «los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes» cuando tuvo conocimiento de los hechos.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y dijo que la Fiscalía General del Estado inició la investigación. De acuerdo con sus declaraciones, el caso se trabaja «de manera coordinada» y será esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades conforme avance la indagatoria.
Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, expresó que la Fiscalía intervino «desde el primer momento» en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio. Añadió que esa es una de las indicaciones para cualquier muerte violenta de una mujer y afirmó: «Estamos en las pesquisas».
Fuentes de Exteriores precisaron que el Consulado General de España en Ciudad de México sigue de cerca el caso, está en contacto con la familia y en comunicación con las autoridades judiciales mexicanas. La propia gobernadora también dijo que las autoridades estatales están en contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento.
La Universidad de Granada, de la que procedía la estudiante, manifestó su condena y solidaridad con la familia, amistades y compañeros de Claudia Tacoronte Aguilera. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas también condenó el feminicidio y lo describió como «un acto de violencia intolerable» que conmociona al conjunto de las universidades españolas.
La escena lo dice todo: una joven que había salido a estudiar terminó convertida en un expediente de violencia en una entidad donde las autoridades ahora prometen coordinación, protocolos y esclarecimiento. En el papel, el aparato estatal reacciona. En la realidad, una familia recibe tarde la noticia más dura.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Cada caso así recuerda que la inseguridad no es una estadística abstracta, sino un impuesto brutal sobre la libertad de estudiar, viajar y vivir. Cuando el Estado no protege con eficacia, el costo lo pagan las personas comunes, las universidades, las familias y también la confianza en las instituciones.
