La escena lo dice todo. En Casanare, durante una ronda de asambleas del gremio, César Augusto Saavedra, presidente de la junta directiva de Fedearroz, subió el tono contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y lo acusó de incumplir compromisos con los arroceros y de «despotricar» del gremio.
Saavedra recordó que, después de una reunión en El Espinal, Tolima, el ministro se había mostrado dispuesto a trabajar con el sector arrocero. Según el dirigente, Dangond levantó los brazos al final de ese encuentro y dijo: «Pues si todo lo que ha hecho la federación tiene el respaldo de los arroceros, yo no tendría nada más que decir». Después, agregó Saavedra, lo aplaudieron, se estrecharon la mano y se tomaron una foto.
Pero la relación se deterioró pocos días después. Saavedra aseguró que el ministro fue luego al Llano y a la Costa con un discurso distinto, en el que, según él, despotricó de la Federación. También dijo que Dangond habría afirmado que la Federación «despilfarró la plata» de la cuota de fomento arrocero y de la ETC, un crédito cuya ejecución requiere aprobación previa del Ministerio de Agricultura.
El reclamo de Fedearroz no se limita al tono. Saavedra sostuvo que en El Espinal el ministro hizo cinco compromisos con los arroceros, pero que, por ahora, tres de ellos siguen sin cumplirse. El primero, dijo, fue cerrar por vía terrestre la frontera con Ecuador la semana siguiente para controlar el contrabando y el lavado de activos. El segundo fue citar el Consejo Nacional del Arroz, la instancia donde se toman decisiones y se definen políticas para el sector. El tercero, sentarse con la junta directiva de Fedearroz en su despacho.
Sobre ese último punto, el dirigente afirmó que la junta ya había radicado un oficio desde hacía 15 días para pedir una reunión en Bogotá, además de enviar dos cartas. «Tenemos junta el martes y no nos ha respondido ese oficio», dijo.
En el fondo, la disputa expone una tensión clásica entre el discurso oficial y las obligaciones concretas del aparato estatal. El Ministerio habló de planificación, seguros, cartera, importaciones y comercialización anticipada; el gremio, en cambio, dice que lo prometido no llegó y que la interlocución se está rompiendo justo cuando el sector pide reglas claras, decisiones oportunas y menor exposición al contrabando y a la incertidumbre.
Para un sector que viene de crisis en crisis en su producción y precios, el costo de la demora no es menor. Cuando una cartera pública promete cerrar fronteras, convocar mesas y revisar mecanismos que afectan la rentabilidad del cultivo, cada retraso golpea la confianza y deja al productor solo frente al riesgo. En ese tablero, la credibilidad vale tanto como el precio de la cosecha.
