Desde Los Muermos, en la Región de Los Lagos, el biministro Claudio Alvarado encabezó este jueves la cuenta pública participativa de los ministerios de Interior y Secretaría General de Gobierno. La escena lo dice todo: un secretario de Estado que viaja al sur del país a rendir cuentas ante vecinos, pero que aprovecha el micrófono para mandar un mensaje directo al Senado en Santiago.
El mensaje fue preciso. «Nosotros, el próximo martes, tenemos en el Senado de la República el trámite final de la ley de reconstrucción, cuyo único artículo que está pendiente es aquel que dice relación con compensar a los municipios por la pérdida de ingresos que van a tener a partir del 2027, en la medida que las personas mayores de 65 años se acojan al beneficio de exención tributaria», dijo Alvarado.
El mecanismo es el siguiente: cuando los mayores de 65 años dejen de pagar contribuciones —un alivio tributario que ya pasó por comisión mixta y por la Cámara de Diputados—, los municipios dejarán de percibir esos recursos. Para evitar que el beneficio a los adultos mayores se financie a costa de las arcas locales, el gobierno propone un fondo de compensación equivalente al 100% de lo que cada municipio deje de recibir. «Los municipios no van a perder ni un solo peso», subrayó el biministro, antes de emplazar al Senado a cerrar el trámite el martes próximo.
La lógica del mecanismo es, en principio, razonable: si el Estado decide otorgar una exención, el Estado debería asumir el costo, no trasladarlo a los gobiernos locales. La pregunta que el debate parlamentario deberá responder es de dónde saldrán esos recursos de compensación y si el fondo tiene respaldo presupuestario suficiente para sostenerse en el tiempo. Sobre eso, la cuenta pública de este jueves no entregó cifras adicionales.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que Alvarado asumió también la conducción de la Segegob, a fines de mayo. Desde entonces, el biministro ha insistido en que la fusión de ambas carteras busca «generar una sola cadena que mantenga en perfecta coordinación la conducción política, la conducción programática y la conducción comunicacional» del gobierno. En su relato, la separación del Ministerio de Seguridad respecto de Interior dejó a esta última cartera con un mandato más acotado: «conducción política del gabinete, gobernanza territorial, descentralización y respuesta oportuna ante las necesidades del país».
Pero el momento que arrancó carcajadas en el salón no fue ninguno de esos párrafos de gestión. Fue cuando Alvarado, al hablar del rol comunicacional de la Segegob, deslizó una frase que todos en la sala entendieron como una alusión velada a su antecesora, Mara Sedini, quien en una entrevista reciente al programa Sin Filtros describió al gobierno como el «gobierno de los fomes». «Aunque seamos fomes, pero hablamos claro», remató Alvarado, con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente qué está diciendo y por qué.
El detalle importa porque la gestión comunicacional de un gobierno es, en buena medida, su capacidad de administrar la narrativa pública. Que una exministra saliente haya calificado al ejecutivo de «fome» en televisión abierta es un dato que el aparato estatal difícilmente puede ignorar. Que su sucesor lo convierta en chiste propio, ante una audiencia regional, revela un estilo de manejo político que apuesta por la autodeprecación antes que por el desmentido formal.
Los detalles cuentan la historia. Alvarado llegó a Los Muermos con dos encargos simultáneos: defender ante la ciudadanía los avances de dos ministerios que ahora conduce en paralelo, y presionar al Senado para cerrar un fleco legislativo que, de no resolverse, pondría a los municipios a financiar con sus propios recursos un beneficio que el gobierno prometió a los adultos mayores. El primero es un ejercicio de transparencia institucional que merece reconocimiento. El segundo es, en el fondo, una advertencia: si el Senado no actúa el martes, la responsabilidad política de ese vacío recaerá sobre los senadores, no sobre el Ejecutivo.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la pregunta de fondo no es si los mayores de 65 años merecen alivio tributario —merecen—, sino si el mecanismo de compensación garantiza que ese alivio no se convierta en un nuevo pasivo para el erario. Un fondo que promete reponer el 100% de los ingresos municipales perdidos es, en última instancia, gasto público adicional. La sostenibilidad de ese compromiso depende de proyecciones de largo plazo que el debate parlamentario debería exigir antes de dar por cerrado el trámite. La buena intención no reemplaza el número.
