Por primera vez, y en una audiencia del juicio oral y público por la causa Cuadernos, se vieron imágenes inéditas del allanamiento al departamento de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde residió durante años el matrimonio Kirchner.
El video fue exhibido este 17 de septiembre de 2026 durante la declaración de Juan Carlos Barrales, comisario de la Policía Federal que estuvo al frente del operativo. El allanamiento había sido ordenado el 23 de agosto de 2018 por Claudio Bonadio, en la investigación por los «cuadernos de la corrupción».
Las imágenes mostraron el interior del quinto piso: almohadones blancos con las iniciales de Néstor y Cristina Kirchner, obras de arte en varias paredes, imágenes familiares, retratos de artistas como Frida Kahlo, esculturas y dormitorios y comedores del departamento. También quedó registrada la puerta blindada del vestidor del dormitorio principal.
Según el remisero Oscar Centeno, ese inmueble figuraba en sus escritos como uno de los lugares donde se dejaban bolsos con dólares provenientes del presunto cobro de coimas durante el kirchnerismo. Las imágenes fueron filmadas de principio a fin por la Policía Federal, y Barrales explicó ante el Tribunal Oral Federal 7 que, por tratarse de «la vivienda de dos figuras muy importantes, dos ex presidentes de la Nación Argentina», debían documentarlo «muy bien todo».
La proyección mostró también al abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, recibiendo a los policías en la puerta, con los brazos cruzados, mientras se leía el acta de allanamiento y se autorizaba el ingreso. Más tarde, uno de los efectivos mantuvo una conversación telefónica con el juzgado y le pidió retirarse del lugar.
Durante el recorrido, se escucharon diálogos entre efectivos y funcionarios judiciales por teléfono. En uno de ellos se habló de estatuillas y cuadros. «No sé si son valiosos o no», dijo un policía, tras recibir la indicación de esperar la llegada de peritos tasadores del Banco Ciudad.
La escena lo dice todo. Lo que para la Fiscalía era una forma de comprobar si lo declarado por Barrales se correspondía con el registro audiovisual, para la defensa fue una intromisión innecesaria en la intimidad de su defendida. Beraldi sostuvo que estaban mostrando «toda la casa» y que no había «ningún punto de contacto con este expediente».
El letrado fue más allá y calificó el despliegue como «un exceso». También afirmó que la Fiscalía actuó con «mala fe». La fiscal Fabiana León respondió que en toda la vida judicial se mostraron videos de allanamientos, fotos y secuestros, y que en este caso se exhibían porque se habían cuestionado la forma en que se llevó adelante el procedimiento y luego se dijeron cosas que no coincidían con las imágenes.
Después de una extensa discusión, el Tribunal autorizó continuar con la exhibición, aunque para entonces gran parte del material ya había pasado en la sala.
Más allá del choque procesal, el caso deja una postal incómoda para el poder. Cuando un allanamiento termina convertido en una discusión sobre arte, puertas blindadas y la intimidad de una ex presidenta, la señal hacia la ciudadanía es clara: la causa sigue viva y el costo institucional de la corrupción presunta sigue acumulándose. Para el contribuyente y para la confianza pública, lo relevante no es el decorado, sino que la justicia llegue al fondo sin privilegios ni blindajes.
También hay un mensaje sobre el Estado de derecho. Si la defensa cuestiona el procedimiento, esa objeción debe resolverse en el expediente. Pero si la evidencia audiovisual contradice o matiza lo que se alegó, el sistema judicial tiene el deber de mostrarla. En una democracia seria, ni la investidura política ni la nostalgia del poder pueden estar por encima de la prueba.
