Los protagonistas de esta semana no estaban en un mitin ni en una campaña formal. Estaban en la trastienda del poder, donde una serie de anuncios pagados por el gobierno de Estados Unidos encendió críticas de demócratas y republicanos por igual.
En uno de los spots, de 30 segundos, Donald Trump aparece caminando por un pasillo mientras se escucha su advertencia contra «the deep state», «warmongers», «globalists», «Marxists», «communists» y «fascists». El anuncio ya había circulado en Truth Social en 2023, pero entonces terminaba con un llamado a unirse a la campaña de Trump y con la leyenda «Paid for by Donald J. Trump for President 2024, Inc.». En la versión de 2026, la frase cambia al pie: «Paid for by the U.S. Government».
CNN informó que el anuncio se transmitió durante al menos dos partidos de la NFL el domingo. CNBC también reportó que se emitió en Fox News Sunday, con datos de la firma AdImpact, y añadió que el costo acumulado superaba los 362.000 dólares.
Otro anuncio, con la misma advertencia de que fue financiado por el gobierno de Estados Unidos, comenzó a salir al aire el miércoles. Incluye la canción «Love Me», del cantante JMSN, y muestra imágenes y videos de Trump intercalados con frases de campaña como «largest tax cuts in history» y «reigniting American manufacturing». CNBC reportó que también salió el fin de semana, citando datos de AdImpact, y que ya había costado casi 920.000 dólares al erario. JMSN escribió en redes sociales que «would never authorize my music to be used for ANY political agenda or campaign».
Un tercer anuncio, de un minuto, muestra vistas panorámicas de Mount Rushmore junto con fragmentos del discurso de Trump allí durante el aniversario del 4 de julio.
Los anuncios parecen formar parte de una ofensiva mediática antes de las elecciones de noviembre, en las que el Partido Republicano busca defender sus mayorías en el Congreso. Pero el giro fue otro: las críticas no vinieron solo de la oposición.
Algunos legisladores, incluso de su propio partido, pidieron explicaciones a Trump y a la Casa Blanca. Preguntado por CBS News, el senador John Kennedy, de Louisiana, dijo: «I don’t think any public official, including President Trump or Kristi Noem or John Kennedy, should spend public money on private ads for themselves». Kennedy se refería a la exsecretaria de Seguridad Nacional Noem, que fue cuestionada por gastar 220 millones de dólares en una campaña publicitaria sobre seguridad fronteriza.
El senador Thom Tillis, de North Carolina, dijo que el uso de dinero de los contribuyentes le recordaba al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán. «It’s inappropriate», afirmó.
El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky y crítico abierto de Trump, escribió en redes sociales sobre el anuncio «Final Battle»: «Don’t worry, using taxpayer dollars to run ominous campaign ads of the President has been done before and is completely legal… in banana republics».
Los demócratas también reaccionaron. En una carta del 24 de septiembre a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, la senadora Maggie Hassan pidió detalles sobre el costo de producción del anuncio «Love Me», las agencias y contratistas externos involucrados, el origen de los fondos y las bases legales y éticas del spot. Hassan escribió que el anuncio «does not have a clear official government purpose and appears to run afoul of federal prohibitions».
El senador Andy Kim preguntó en redes sociales: «How much taxpayer money did the government spend on this ad?». En otra carta del 24 de septiembre, demócratas de los comités de asignaciones pidieron que el anuncio fuera retirado del aire. Lo calificaron como «the sort of government propaganda one might expect in North Korea, not the United States of America, and it is an egregious and illegal misuse of Americans’ hard-earned tax dollars».
La Casa Blanca respondió defendiendo los anuncios, a los que llamó en un comunicado del 25 de septiembre «public service announcements». Un funcionario dijo a TIME el viernes que no eran políticos, que no incluían un llamado a la acción y que el presidente no estaba en la boleta.
Un portavoz agregó que los spots buscaban «reminding Americans to love their country and understand what makes it worth defending, at home, at our borders, and abroad».
Pero la controversia no se detiene en la defensa verbal. Desde la década de 1950, las leyes de financiamiento anual —incluida la medida de asignaciones que el presidente firmó recientemente— prohíben de forma rutinaria usar fondos de los contribuyentes para «publicity or propaganda». La Government Accountability Office, que revisa cómo se gastan los fondos asignados, ha interpretado esa restricción como aplicable a material «purely partisan», «self-aggrandizing» o «covert», aunque también ha señalado que las administraciones pueden necesitar defender o promover sus políticas.
Algunos legisladores apuntaron además a posibles violaciones de la Hatch Act, la ley de 1939 que limita la actividad política de los empleados civiles federales del Ejecutivo. El presidente está exento de esa norma, pero algunos sostienen que no lo están los funcionarios de la Casa Blanca que facilitaron la difusión de los anuncios. La semana pasada, el grupo Public Citizen presentó una queja ante la GAO y la Office of Special Counsel para pedir investigación y aplicación de las leyes pertinentes.
La escena lo dice todo. El debate ya no es solo sobre un anuncio o dos, sino sobre el límite entre comunicación oficial y propaganda financiada con dinero público. Cuando el Estado paga piezas que se parecen a campaña, el contribuyente termina financiando la imagen de un poder que se promociona a sí mismo.
Y ahí está el fondo del asunto: si la Casa Blanca puede usar el aparato estatal para empujar mensajes que parecen partidistas, el costo no es solo fiscal. También es institucional. Se erosiona la frontera entre gobierno y propaganda, una línea que existe precisamente para proteger el dinero público, la competencia política y el estado de derecho.
