La escena lo dice todo. Ante la Comisión Quinta del Senado, la nueva administración de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) puso sobre la mesa un diagnóstico de contratos bajo revisión, brechas entre ejecución técnica y financiera y proyectos productivos en condición crítica.
El punto que más ruido hizo fue la operación logística de la entidad. Entre 2022 y 2026, el gasto pasó de $1.240 millones a $53.388 millones, un incremento del 4.205%. En paralelo, la revisión contractual detectó situaciones relacionadas con cotizaciones, proveedores, IVA, reembolsos y adiciones posteriores a eventos. También se informó que el contrato 1350-2026 fue adicionado en $10.000 millones el 30 de julio de 2026.
La ADR también llevó al Congreso el estado de sus proyectos rurales. De 347 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) activos, 81 están en condición crítica, equivalentes al 23,34%. Además, solo 14 de los 38 PIDAR proyectados para 2026 habían sido cofinanciados, y 2.024 productores habían sido beneficiados frente a una meta de 6.506.
En materia de asociatividad, la entidad identificó inconsistencias por $53 millones en comisiones, vinculadas con rutas ineficientes y sedes que no coinciden con los recorridos registrados. La operación de Infotic S. A. también quedó bajo revisión: de acuerdo con la información presentada ante el Senado, se registraron $20.113,5 millones ejecutados al 100% sin alcanzar la totalidad de las metas físicas.
Dangond dijo que encontraron inconsistencias por $53 millones en viáticos, rutas ineficientes y sedes que no coinciden con la ruta, y agregó que el operador logístico Infotic, por $20.000 millones, quedó mal ejecutado al 100% sin alcanzar la totalidad de las metas físicas.
La auditoría además identificó situaciones que requieren verificación, entre ellas una presunta contratación indebida por $19.699 millones; $192.555 millones transferidos para el Plan de Recuperación Temprana, cuyo convenio no llegó a celebrarse; una presunta omisión en los tiempos de un contrato por $10.500 millones; y presuntas inconsistencias en soportes de viáticos y gestión de comisiones. Los casos fueron puestos en conocimiento de los órganos de control competentes.
El Gobierno nacional afirmó que fortalecerá el seguimiento a la ejecución contractual y a los proyectos en territorio, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados al desarrollo rural se traduzcan en resultados concretos.
Para el país real, el asunto va más allá del tecnicismo administrativo. Cuando el gasto logístico se multiplica y las metas no se cumplen, la carga termina sobre el dinero de los contribuyentes y sobre los productores que esperan obras, cofinanciación y resultados. La burocracia puede hablar de procesos; el campo necesita ejecución.
El desenlace todavía depende de las investigaciones de los órganos de control. Pero el cuadro ya dejó una señal incómoda: en una entidad creada para empujar desarrollo, los recursos aparecen en revisión y los beneficiarios siguen lejos de la meta. Esa es la parte que importa. No solo por orden administrativo, sino por el principio básico de responsabilidad con la plata pública.
