Aldeas Infantiles SOS Argentina registró 61 procesos excluyentes y 54 adopciones concretadas desde 2016. La cifra, por sí sola, muestra una tensión de fondo: por cada adopción que llegó a buen puerto, hubo un número elevado de vínculos que se quebraron en el camino.
La organización advierte que esas rupturas pueden terminar con el regreso de niños, niñas y adolescentes a instituciones. En algunos casos, la separación ocurre durante la guarda con fines adoptivos; en otros, después de años de convivencia familiar. Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, dijo a Infobae que conocieron casos en los que chicos permanecieron hasta cinco años con una familia antes de que el vínculo se deshiciera.
Perinetti explicó que los procesos excluyentes alcanzan a chicos que ya habían perdido el cuidado de su familia de origen y que, tras iniciar una convivencia con posibles adoptantes, enfrentan una nueva separación. La escena lo dice todo: un niño que vuelve a una institución después de haber intentado construir otra vez un hogar.
La dirigente sostuvo que esas interrupciones pueden reducirse si las familias reciben evaluación, formación y acompañamiento sostenido antes y durante la vinculación. «Debemos trabajar para que esto no ocurra», afirmó. También remarcó que la preparación debe empezar antes del encuentro entre la familia y el niño, y continuar durante toda la convivencia.
Según Perinetti, los equipos técnicos deben evaluar las competencias parentales de quienes se postulan para adoptar y brindar información sobre las situaciones que pueden aparecer en la vida diaria de la guarda. Señaló además que la falta de equipos suficientes en las direcciones que intervienen en las guardas con fines adoptivos puede limitar ese acompañamiento.
Hay otro dato que revela un problema de estructura: la normativa contempla licencias cuando la adopción ya está formalizada, pero no durante la guarda con fines adoptivos, que puede extenderse hasta dos años desde la llegada del niño al hogar. En ese lapso, dijo Perinetti, las familias necesitan tiempo para sostener la adaptación y construir lazos.
«Ese proceso se extiende y durante ese proceso existe la necesidad de ese acompañamiento para que esto no fracase», señaló la directora. En otras palabras, el Estado reconoce el vínculo cuando ya está consolidado, pero no siempre cubre la etapa más delicada: la de la formación del lazo.
La trastienda del problema también pasa por la información disponible. Perinetti advirtió que en Argentina no hay una base de datos unificada sobre estas rupturas. Esa ausencia dificulta conocer sus causas, seguir los antecedentes de las familias y definir medidas de prevención. «El problema es que en Argentina no hay un registro que nos permita evaluar esto», afirmó.
Desde 2023, la entidad impulsa una campaña sobre los procesos excluyentes en adopción y reclama un compromiso federal de los organismos responsables. El objetivo es que la prevención no dependa de los recursos disponibles en cada jurisdicción. Para la organización, cada interrupción debería quedar documentada junto con los motivos y las intervenciones realizadas.
Esa falta de registro no es un detalle técnico: es una falla de control que debilita la capacidad del sistema para aprender de sus propios errores. Sin datos unificados, el aparato estatal trabaja a ciegas, y quienes pagan el costo son los chicos que vuelven a quedar sin continuidad familiar.
Perinetti también señaló que una familia puede volver a inscribirse para adoptar y que, sin un sistema uniforme, los antecedentes no siempre están disponibles para quienes deben evaluar una nueva postulación. Según relató, Aldeas Infantiles SOS Argentina conoció casos de familias que atravesaron dos interrupciones en procesos adoptivos diferentes.
El desenlace deja una advertencia incómoda: una adopción no se destraba solo con voluntad, sino con instituciones que acompañen, documenten y respondan a tiempo. Cuando eso falla, el problema no es solo de una familia; es de un sistema que todavía no termina de proteger a quienes más dependen de él.
Y ahí está la enseñanza de fondo. Si el Estado no ordena, registra y acompaña, la promesa de restituir el derecho a vivir en familia queda a merced de improvisaciones. La estabilidad de un niño no puede depender de la suerte de su expediente ni de la capacidad desigual de cada jurisdicción. La prevención, en este tema, no es un lujo burocrático: es la condición mínima para que la adopción cumpla su sentido.
