Esta jornada, la comisión de Educación del Senado comenzó la discusión del proyecto de ley del Ejecutivo que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en segundo trámite constitucional y con urgencia suma. La iniciativa faculta a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión.
En la instancia estuvo presente la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien expuso a los parlamentarios los alcances del proyecto. El giro propuesto vuelve a poner en el centro una pregunta incómoda para las familias: cuánto margen real tendrá cada colegio para elegir y bajo qué reglas se hará esa selección.
La primera objeción llegó desde el senador Vlado Mirosevic (PL), quien cuestionó que el proyecto llevara desde el martes con urgencia suma, lo que, dijo, les da solo 15 días de plazo para la tramitación en la comisión. También manifestó su preocupación por la posibilidad de que los sostenedores realicen entrevistas a las familias antes de asignar al estudiante al establecimiento.
Mirosevic planteó que el proyecto dice que esas entrevistas serían para informar sobre el proyecto educativo, pero advirtió: «¿Esto no es acaso una selección encubierta? ¿Esas entrevistas no van a ser una manera del sostenedor de escanear a la familia, escanear al estudiante?». Luego sostuvo: «Yo creo que la respuesta es bastante obvia. No son entrevistas informativas. Son un proceso de selección y de discriminación».
El senador recordó además que, en el sistema anterior al SAE, «no era solo la familia la que elegía el establecimiento, era el establecimiento el que seleccionaba con plata pública a las familias que quería. Era inverso el proceso». Su observación pone sobre la mesa una tensión que no desaparece con los cambios administrativos: quién decide, con qué información y bajo qué resguardos.
Arzola respondió que, en el proyecto, las entrevistas se proponen «exclusivamente como un mecanismo para entrega de información». Agregó que «el resguardo respecto a eso tiene que ver con que la entrevista no puede ser parte de ese mecanismo autorizado de cuáles van a ser los criterios». En sus palabras, «el criterio de entrevista no existe» y la idea es que esa instancia «no va a formar parte de esa definición o verificación o de determinación de criterios de prioridad».
Frente a la urgencia, la ministra fue directa: «Por supuesto que todo es conversable». Y añadió: «Nosotros, en general, tenemos la urgencia de tratar de sacar esto lo antes posible para que pueda aplicarse lo antes posible. Esa es como la respuesta honesta».
Arzola también destacó que el proyecto contempla resguardos para los criterios que los establecimientos elijan. Según explicó, quienes quieran aplicar este mecanismo de elección mutua deberán solicitarlo, dar a conocer los criterios que ponderarán, entregar una declaración jurada de que los cumplirán y someterse a fiscalización. Si no cumplen, dijo, serán sancionados.
El desenlace legislativo todavía está abierto, pero la escena ya mostró dos fuerzas en tensión: por un lado, la presión del Ejecutivo por acelerar una reforma que amplía el espacio de decisión de los colegios; por otro, las dudas sobre si ese margen puede terminar funcionando como una barrera de entrada para algunas familias. Los detalles cuentan la historia.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el SAE volvió a la primera línea. La discusión no es solo técnica. También es política, porque define si el sistema seguirá privilegiando una asignación más centralizada o si abrirá más espacio a la libre elección de los establecimientos y a sus criterios de admisión.
Desde una mirada de orden institucional, el proyecto obliga a mirar con cuidado dos cosas: el tiempo de tramitación y la calidad de las garantías. Si el Estado va a permitir que los colegios participen más activamente en la admisión, la pregunta clave es si las reglas serán transparentes, verificables y exigibles de verdad, o solo una nueva capa de burocracia con buenas intenciones.
En ese punto se juega algo más que una disputa entre senadores y ministerio. Se juega la confianza de las familias en un proceso que usa dinero público y que impacta directamente en la libertad de elegir, en la autonomía de los establecimientos y en la certeza de las reglas. Si la reforma avanza, deberá demostrar que más flexibilidad no significa menos igualdad ante la norma ni más discrecionalidad para la burocracia escolar.
