La acreditación de la calidad es el filtro más duro de la educación superior chilena. Pasa por ahí la estrategia de matrícula de universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y también academias y escuelas de las Fuerzas Armadas, la PDI y Carabineros. Si una institución no alcanza el nivel básico, queda fuera del financiamiento estatal y sus estudiantes pierden acceso a la gratuidad, el CAE y las becas. Si la calidad no mejora, se decreta su cierre.
Ese poder recae en la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA, que preside desde marzo de 2022 Andrés Bernasconi Ramírez. En conversación con La Tercera, el académico puso el acento en la confianza pública y en la necesidad de preservar la valoración social del sistema. «Cuando hacemos un juicio de acreditación, le estamos diciendo a la sociedad chilena que estas instituciones son confiables», afirmó.
Bernasconi también vinculó la discusión con el desempeño laboral de los egresados. Dijo que en todo el mundo existe una «preocupación muy importante» por la empleabilidad y por la pertinencia de la formación para el mundo del trabajo. En esa línea, explicó que la CNA convocó a su Consejo de la Sociedad Civil, integrado por asociaciones gremiales de empleadores, para acercar la evaluación académica a las necesidades del mercado laboral.
La escena lo dice todo. En la educación superior, la acreditación no es un adorno ni una etiqueta de marketing. Es una señal que ordena incentivos, reparte recursos y define qué instituciones merecen el respaldo del Estado. Por eso el debate no es menor: detrás de cada ajuste hay dinero de los contribuyentes, acceso a beneficios públicos y reglas que pueden premiar o castigar a miles de estudiantes.
El giro que prepara la CNA, sin embargo, no apunta a reescribir el sistema. Bernasconi fue explícito: los criterios y estándares vigentes, institucionales, de pregrado y de posgrado, «han funcionado bien». Por eso no habrá un rediseño total. La idea es hacer «pequeños ajustes» en puntos que puedan ser más explícitos o que hoy generen ambigüedades e inconsistencias entre los distintos niveles. «Esto no va a ser un partir desde cero», dijo.
También intentó enviar una señal de estabilidad a las instituciones. Según explicó, la comisión no abrirá «la puerta a nuevas ideas sobre qué se debe evaluar», entre otras razones porque la instalación de los criterios actuales ya implicó un ajuste importante para el sistema y todavía hay aprendizaje en su aplicación. La propuesta será puesta en consulta durante todo 2027 y la meta es que los cambios queden aprobados para empezar a regir hacia fines de 2028.
Hay otro punto sensible en la discusión: la relación entre acreditaciones internacionales y la acreditación que rige en Chile. Bernasconi recordó que la competencia para verificar la publicidad de las instituciones es de la Superintendencia de Educación Superior y que la acreditación, como acción y resultado, pertenece exclusivamente a la CNA. Añadió que dentro del país ninguna otra entidad puede reclamar ese nombre para sus procesos, algo que —según dijo— fue ratificado por la Contraloría General de la República.
Esa precisión no es trivial. En un mercado educativo cada vez más competitivo, la diferencia entre una certificación extranjera y la acreditación válida en Chile puede influir en la decisión de matrícula. La CNA intenta marcar territorio frente a etiquetas privadas o internacionales que pueden ayudar a la mejora continua, pero que no tienen valor jurídico para el sistema local.
Sobre las críticas a la empleabilidad y al retorno de la inversión para los estudiantes, Bernasconi evitó adelantar definiciones. Consultado por las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, que acusó falta de transparencia y retorno negativo, respondió apenas: «Esa es una de las ideas que está circulando».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que está en juego no es solo cómo se evalúa a las instituciones, sino cuánto peso tendrá la evidencia frente al marketing educativo y cuánto margen habrá para que el aparato estatal siga exigiendo resultados concretos. Si la acreditación sirve, debe ordenar y exigir; si se vacía de contenido, termina siendo otro trámite más.
En el fondo, la discusión va más allá de una actualización técnica. Lo que la CNA decida puede reforzar la confianza en la educación superior o alimentar la sospecha de que el sistema vive atrapado entre la burocracia y los incentivos mal diseñados. La apuesta de Bernasconi es preservar el marco actual con retoques. El desenlace dirá si eso basta para sostener la credibilidad de uno de los mecanismos más influyentes del sistema chileno.
