El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá dio legalidad este martes a la aceptación de cargos de Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, procesados por el secuestro extorsivo y hurto de la diseñadora Diana Ospina. La víctima permaneció retenida durante más de 40 horas y, según la investigación, sufrió el retiro de cerca de $40 millones de sus cuentas.
La decisión llegó después de la investigación adelantada por la Fiscalía, el Gaula de la Policía, la Sijin y la Sipol para establecer quiénes participaron en el denominado paseo millonario ocurrido en Bogotá el pasado 22 de febrero, luego de que Ospina saliera de la discoteca Theatron, en Chapinero.
Los dos hombres fueron capturados durante la Operación Fortaleza, mediante procedimientos simultáneos en las localidades de Kennedy y San Cristóbal. La investigación se extendió por cerca de 30 días y permitió identificar a los hermanos como parte de una estructura delincuencial que, según las autoridades, estaría relacionada con estos hechos.
De acuerdo con el expediente, Diego Armando Gómez Cardozo, de 33 años y conocido con el alias de Pachanga, habría sido identificado como uno de los responsables de coordinar la acción criminal. La Fiscalía también señaló que habría intervenido directamente en el secuestro pese a encontrarse para ese momento bajo detención domiciliaria por otros delitos.
Su hermano, Juan Pablo Gómez Cardozo, de 21 años y conocido como «Pablito», habría tenido entre sus funciones perfilar y seleccionar víctimas. La madrugada del 22 de febrero conducía el taxi de placas ESN 170, en el que Diana Ospina salió del sector de Theatron.
Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los momentos previos al secuestro. En las imágenes aparece Ospina junto con una amiga esperando el vehículo que habían solicitado mediante aplicaciones móviles. Después de que su acompañante abordó otro automóvil, la diseñadora permaneció en el lugar a la espera de su transporte.
Al no llegar el servicio solicitado, Ospina habría decidido tomar un taxi que se encontraba estacionado afuera del establecimiento. Ese vehículo correspondía al de placas ESN 170.
Durante la audiencia de acusación con allanamiento a cargos, la fiscal del caso explicó cómo habría comenzado la retención. Según la investigación, después de que el taxi se dirigiera hacia la residencia de la víctima en Engativá, el conductor habría detenido el vehículo en un sitio diferente al indicado.
«Al llegar a inmediaciones de la residencia de la víctima, el conductor de taxi detuvo el vehículo en un punto distinto al indicado y en ese momento 2 sujetos abordaron el automotor, quienes mediante violencia física y verbal redujeron a la víctima, la sometieron y la obligaron a mantenerse en posición que impedía su visibilidad, despojándola de sus pertenencias personales», relató la fiscal.
A partir de ese momento, según la Fiscalía, Ospina habría sido mantenida contra su voluntad dentro del vehículo y trasladada por diferentes sectores de Bogotá. Durante el recorrido, los responsables presuntamente la golpearon, le jalaron el cabello y la amenazaron de muerte.
La investigación estableció además que la víctima habría sido obligada a entregar las claves de acceso a sus aplicaciones bancarias. Posteriormente, los responsables realizaron transferencias y retiros mientras mantenían comunicación con otras personas que, según la acusación, estarían encargadas de coordinar las operaciones financieras.
«Durante el desplazamiento, la víctima fue agredida físicamente con golpes, jalones de cabello, amenazada de muerte de forma reiterada, constreñida a entregar claves de acceso a sus aplicaciones bancarias, intimidada con el fin de realizar transferencias y retiros de dinero de sus cuentas», señaló la fiscal.
La Fiscalía sostuvo que Ospina posteriormente fue trasladada a otro vehículo y entregada a otro hombre. Las operaciones realizadas con sus cuentas permitieron retirar aproximadamente $40 millones en cajeros electrónicos del suroriente de Bogotá.
Después de permanecer retenida durante más de 40 horas, la diseñadora fue abandonada en un pasaje solitario de la vía que comunica a Bogotá con Choachí.
Las autoridades también establecieron que los integrantes de la estructura habrían tomado medidas para dificultar su identificación y captura, entre ellas cambiar de residencia hasta en cuatro oportunidades, evitar el uso de redes sociales y utilizar teléfonos celulares con números internacionales.
La Fiscalía indicó que en los hechos habrían participado al menos 10 personas. Por ello, la investigación continúa para establecer la responsabilidad de quienes aún no han sido judicializados.
Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo aceptaron cargos por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, delitos relacionados con la retención de Diana Ospina y el retiro de dinero de sus cuentas durante el paseo millonario.
Según la información entregada por las autoridades, uno de los hermanos sería señalado como jefe de la estructura delincuencial conocida como «Los Noctámbulos» y tendría antecedentes por porte de armas y hurto calificado y agravado.
La escena lo dice todo: una ciudad donde una mujer sale de una discoteca, toma un taxi y termina retenida por más de 40 horas mientras vacían sus cuentas. No hace falta adornar el caso para ver el daño: cuando el crimen opera con coordinación, la libertad de moverse, trabajar y usar el propio dinero queda en manos de una red ilegal.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La investigación avanza, hay capturas y hay cargos aceptados, pero el desenlace aún no está completo porque las autoridades hablan de al menos 10 participantes. Lo que está en juego no es solo el castigo a dos nombres propios, sino la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos y frenar a las estructuras que convierten la vida urbana en un riesgo y el dinero de los contribuyentes en botín del delito.
