Durante una visita a Montería, Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, realizar una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba el lunes 5 de octubre, con el propósito de revisar la situación de la rectoría, el proceso de elecciones y el cumplimiento de los estatutos y las normas internas de la institución.
La escena lo dice todo. En el centro del conflicto está la continuidad de Jairo Torres Oviedo como rector, quien cursa su tercer periodo al frente de la universidad. De la Espriella sostuvo que la institución es patrimonio de los habitantes del departamento y rechazó que pueda estar controlada por un grupo político o por intereses particulares.
«La universidad no es de unos pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería», afirmó.
También pidió a la Procuraduría General de la Nación dar prioridad al proceso disciplinario cuyo archivo, según indicó, fue revocado el 30 de julio. Además, solicitó al Ministerio Público revisar las demás quejas disciplinarias presentadas contra el rector y a la Fiscalía General de la Nación priorizar las noticias criminales y denuncias relacionadas con hechos puestos en conocimiento de las autoridades.
De la Espriella remarcó que las actuaciones deben adelantarse sin importar quién resulte involucrado. «Aquí lo digo claramente: yo no vine aquí a taparle nada a nadie. Que caigan los que tengan que caer, así se hace el Estado, porque la ley es para todos. En el gobierno del tigre, nadie tendrá un tratamiento diferencial frente a la ley. Para la gente de bien, apoyo y protección del Estado. Para los bandidos, así sea un rector, toda la fuerza legítima del Estado colombiano», dijo.
La tensión subió cuando se refirió directamente a Torres Oviedo y afirmó que buscará que la Universidad de Córdoba sea dirigida por un académico. «Querido gobernador, que se apreste el rector, porque voy por él y por toda su banda, como que me llamo Abelardo de la Espriella, el tigre que vino a liberar a la Universidad de Córdoba. Ya no va, señor rector, se le acabó su tiempo y va a saber lo duro que muerde el tigre», lanzó.
Cerró con otra advertencia: «Usted es un tipo que no merece estar sentado en esa silla de la rectoría de la universidad. Y la vamos a recuperar y vamos a poner ahí a un académico decente, que represente a la academia, a la investigación, a la ciencia. No más politiqueros en la Universidad de Córdoba».
Desde otro frente, Gustavo Petro salió en defensa de Torres Oviedo y cuestionó los señalamientos. Dijo que el rector enfrentó al paramilitarismo de Mancuso y afirmó que la Universidad de Córdoba fue tomada por los paramilitares «a sangre y fuego asesinando a decenas de profesores y estudiantes». También sostuvo: «Abelardo se convirtió en asesor de esos paramilitares e hizo negocios con ellos».
Petro añadió que en su gobierno se logró el crecimiento más grande de la educación superior en Córdoba y Sucre. La disputa, por tanto, no es solo por un cargo: es por el control político y simbólico de una universidad pública en una región donde las instituciones ya cargan demasiadas heridas.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. La visita de inspección, los pedidos a la Procuraduría y a la Fiscalía, y la ofensiva verbal contra el rector colocan a la Universidad de Córdoba en el cruce entre estatutos, poder y legitimidad. Cuando una rectoría se convierte en campo de batalla, el riesgo no lo paga la retórica: lo paga la institución.
En paralelo, De la Espriella anunció recursos para obras en Córdoba. Según informó, están garantizados $30.000 millones para la nueva sede del Hospital Camilo Torres, en Montería, obra que —de acuerdo con el mandatario— beneficiará a 66.814 habitantes. También anunció una inversión de $16.000 millones para la renovación del mercado Los Cuatro Patios y $55.869 millones para 12 proyectos en 12 municipios del departamento.
Semana añadió que también se anunciaron cerca de 380.000 millones de pesos para atender la emergencia que dejó el frente frío en Córdoba. El paquete de anuncios deja una imagen clara: el Estado aparece con recursos para infraestructura, salud y mercados, pero la discusión de fondo sigue siendo la misma: si las instituciones públicas responden a reglas o a intereses que se atrincheran en ellas.
El ángulo no es menor. Cuando un rector queda bajo la lupa por la forma en que se reglamenta su propia continuidad, el problema trasciende una disputa personal. Se trata del principio de que las normas no se cambian para proteger a nadie en el cargo. Ese es el límite que el poder público dice defender, y que una universidad pública no debería tener que recuperar a gritos.
Los detalles cuentan la historia. En Córdoba, la trastienda de la rectoría, los procesos de control y los anuncios de inversión convergen en una sola pregunta: quién manda realmente en una institución financiada y sostenida en buena parte por el aparato público. La respuesta, por ahora, sigue abierta.
