El documento llegó al Ministerio de Defensa el 7 de julio en Bogotá. Eran 85 folios. Contenían 666 preguntas. El firmante era el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, ministro designado del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y parte del equipo de empalme. El destinatario, el actual titular de la cartera, el mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.
Los detalles cuentan la historia.
El derecho de petición cubre el periodo 2022-2026 y abarca seis grandes áreas: aspectos presupuestales, contractuales, jurídicos, tecnológicos, logísticos y operacionales. Según el gobierno entrante, el cuestionario busca «establecer de manera completa, verificable y estructurada el estado real de los asuntos del sector». No es una formalidad de transición. Es una radiografía.
El equipo de Mora López también exigió que cada respuesta venga acompañada de los soportes correspondientes que permitan validar su existencia. Si algún documento está sujeto a reserva legal, el ministerio de Sánchez deberá explicar el fundamento jurídico de esa restricción. Además, la solicitud pide que la información sea remitida en versión pública, de conformidad con la legislación vigente sobre acceso a la información pública.
La magnitud del cuestionario no es accidental. Tres prioridades del gobierno entrante explican la profundidad del escrutinio: recuperar la moral combativa de la Fuerza Pública —que el equipo de De la Espriella considera deteriorada por la falta de liderazgo político—, modernizar capacidades técnicas y tecnológicas que califican de obsoletas, y fortalecer la transparencia en los procesos administrativos y logísticos. Mora López fue designado precisamente para liderar esos tres frentes.
El contexto hace el cuadro más nítido. Según declaraciones recogidas por medios colombianos, el dirigente opositor Enrique Gómez afirmó que «de 200 derechos de petición enviados, el gobierno Petro solo ha respondido el 5%» durante el proceso de empalme. Si esa cifra se confirma, el equipo entrante llegaría al poder con información fragmentada sobre una de las carteras más sensibles del Estado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El empalme presidencial en Colombia no es un trámite burocrático menor: es el momento en que un gobierno saliente entrega —o retiene— el conocimiento acumulado de cuatro años de gestión. Cuando ese conocimiento involucra contratos de defensa, capacidades operativas de las Fuerzas Militares y el estado del equipamiento, cada pregunta sin respuesta tiene un costo concreto en tiempo, dinero y seguridad.
La estrategia de Mora López es la de un auditor, no la de un heredero. Al radicar 666 preguntas con respaldo documental exigido, el equipo entrante construye desde ya un registro oficial de lo que el gobierno Petro entregó y de lo que omitió entregar. Ese registro tiene valor jurídico y político.
La escena lo dice todo. Un general retirado, designado para reconstruir la moral y la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, llega a la trastienda del poder con 85 folios de preguntas. No con discursos. El mensaje al aparato estatal saliente es directo: la rendición de cuentas no es opcional.
Desde la línea de Hemisferio, la pregunta que importa no es cuántas de las 666 preguntas serán respondidas en tiempo y forma, sino cuántas revelarán vacíos que el contribuyente colombiano ya pagó sin saberlo. Un ministerio que administra contratos, logística y tecnología militar durante cuatro años acumula decisiones que afectan tanto la seguridad pública como el erario. La transparencia que exige el equipo de De la Espriella no es un gesto político: es el primer paso para saber qué se heredó y qué se deberá reconstruir. El desenlace de ese inventario definirá, en buena medida, cuánto costará restablecer una Fuerza Pública capaz de cumplir su misión.
