La escena lo dice todo. En Mare Abajo, un sector del litoral central venezolano donde unas 1.600 viviendas registran afectaciones, las familias hacen fila frente a mesas de registro. Al fondo, los campamentos transitorios. Arriba, el cielo de julio. Abajo, la tierra que todavía tiembla: desde el sismo principal del 24 de junio se han contabilizado 1.405 réplicas.
El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, anunció la activación de 15 puntos de registro único para censar a las familias damnificadas. El operativo opera ya en refugios y campamentos, con el objetivo declarado de organizar la entrega de asistencia humanitaria y coordinar los planes de vivienda. El proceso de empadronamiento comenzó, según Terán, por las comunidades más golpeadas.
Los números del desastre son de otra escala. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció el último balance oficial: 5.278 fallecidos, cifra que incorpora 70 nuevas víctimas respecto al reporte anterior. Los heridos suman 16.740. Los rescatados por los cuerpos de socorro llegan a 6.462. Las instituciones del Estado, según el mismo informe, han brindado atención a un total de 128.324 familias afectadas en todo el territorio nacional.
En materia de alojamiento, los 28 campamentos transitorios desplegados en el litoral central albergan a más de 12.000 personas que reciben asistencia directa. A nivel nacional, 107 campamentos operativos alojan a 23.587 personas, con un descenso de 233 ocupantes registrado en las últimas 24 horas. La cifra de ciudadanos desprovistos de vivienda se mantiene en 17.907.
En cuanto a la infraestructura, el balance consigna 856 edificios afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total. No se reportaron nuevos derrumbes en la última jornada. Las labores de inspección técnica en La Guaira han permitido evaluar más de 24.000 viviendas bajo el criterio de semáforo verde, certificación que avala la ausencia de riesgos estructurales inminentes y habilita el retorno paulatino de los residentes.
El propio gobernador Terán reveló, en declaraciones recogidas por medios venezolanos, que la mitad de los directores de su propia gobernación fallecieron en los terremotos, dato que ilustra la magnitud del golpe institucional sobre el estado más directamente afectado.
Para entender el presente hay que volver a esa semana del 24 de junio. La catástrofe no distinguió entre burocracia y ciudadanía: se llevó a funcionarios y vecinos por igual, dejó a más de 17.000 personas sin techo y obligó al Estado a improvisar una red de atención que, un mes después, sigue operando en modo de emergencia.
Los detalles cuentan la historia. Hemisferio observa que el operativo de censo —necesario, sin duda— llega cuando la emergencia ya lleva cuatro semanas activa y la cifra de muertos no ha dejado de crecer. La coordinación de ayuda humanitaria y los planes de vivienda son tareas que un Estado funcional debería tener protocolizadas antes del desastre, no improvisadas después. Con más de 128.000 familias atendidas y 23.000 personas aún en carpas, la pregunta que el contribuyente venezolano tiene derecho a hacerse es cuánto tiempo más durará la «fase de contingencia» y cuándo comenzará, en serio, la reconstrucción.
