La escena lo dice todo. Un sacerdote mexicano camina este sábado entre escombros de edificios colapsados en La Guaira mientras el gobierno de Venezuela reporta 5.119 muertos, cifra que creció en 50 nuevos fallecimientos en un solo día, casi cuatro semanas después del doblete sísmico que sacudió el litoral central el pasado 24 de junio.
Omar Pérez Gabino, de la congregación Misioneros Servidores de la Palabra, llegó a Venezuela como parte de lo que él mismo describe como un llamado misionero. «Somos enviados hacia donde la necesidad del pueblo sea más latente y me ha tocado acompañar al pueblo venezolano que abrazo con mi corazón y en mi oración. Hoy más que nunca en esta situación que nos hace llorar y tambalear», declaró a la agencia EFE. Su labor, según explicó, consiste en acompañar a los allegados de los fallecidos y a los sobrevivientes que quedaron atrapados entre la pérdida y la incertidumbre.
Los detalles cuentan la historia. El balance oficial, publicado en Telegram por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, registra 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas. Las autoridades dicen haber atendido a 128.324 familias, mientras 21.470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios. La cifra que más pesa: 17.907 personas quedaron sin vivienda tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.
En el terreno continúan desplegados 2.278 rescatistas internacionales, según el mismo boletín oficial. La presencia extranjera —desde voluntarios religiosos como Pérez Gabino hasta equipos técnicos de búsqueda— subraya la magnitud de una emergencia que desbordó la capacidad de respuesta local.
Para entender el presente hay que volver a esa semana del 24 de junio. Dos sismos de gran magnitud golpearon en secuencia el litoral venezolano, una zona densamente poblada y con infraestructura ya deteriorada por años de desinversión y colapso institucional. El resultado fue una catástrofe de proporciones que el país no enfrentaba en décadas. Casi un mes después, el conteo de muertos no se detiene: cincuenta más en las últimas horas del reporte.
La imagen del misionero mexicano rezando entre ruinas condensa algo que los boletines oficiales no pueden expresar: la escala humana de una tragedia que las cifras apenas rozan. Detrás de cada uno de los 5.119 fallecidos hay familias que, en muchos casos, aún esperan identificar a sus muertos. El Senamecf —el servicio forense venezolano— ha reconocido públicamente las complejidades técnicas del proceso de identificación de cadáveres.
Los protagonistas de esta historia son, en su mayoría, anónimos: el albañil que encontró su propósito entre los escombros, el padre que recuperó el cuerpo de su hija veinte días después, los voluntarios que convirtieron un local de comida rápida en punto de atención médica. Son ellos quienes sostienen la respuesta donde el Estado llega tarde o no llega.
Desde Hemisferio, el cuadro es difícil de ignorar. Venezuela llega a esta catástrofe natural después de más de dos décadas de un modelo que destruyó sistemáticamente la capacidad técnica del Estado, expulsó a profesionales calificados y dejó la infraestructura urbana en un estado de fragilidad estructural que multiplicó el daño de los sismos. La presencia de 2.278 rescatistas internacionales no es solo solidaridad: es el reconocimiento tácito de que el aparato estatal no puede responder solo a una emergencia de esta magnitud.
El consuelo espiritual que ofrece un sacerdote misionero no reemplaza hospitales, planes de reconstrucción ni viviendas dignas. Pero en ausencia de un Estado funcional, es lo que queda. Esa es la verdadera medida de la tragedia en La Guaira.
