Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 24 de junio, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con una violencia que los sismólogos no registraban en décadas. Tres semanas después, el balance oficial —el único disponible, porque el régimen controla el flujo de información— habla por sí solo: 5.119 muertos, 16.740 heridos, 6.462 rescatados y 17.907 personas que perdieron su vivienda.
Los detalles cuentan la historia. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, 128.324 familias han recibido atención de las autoridades, mientras que 21.470 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios. En el terreno continúan desplegados 2.278 rescatistas internacionales, una cifra que ilustra la incapacidad del Estado venezolano para responder por sus propios medios a una emergencia de esta escala.
El brazo visible de la respuesta gubernamental es el llamado Plan Venezuela Renace, cuya presidenta, Jacqueline Faría, ofreció esta semana un balance desde la urbanización Ana Victoria, en la parroquia Carlos Soublette del estado La Guaira. Según Faría, 9.055 viviendas afectadas se encuentran ya en proceso de rehabilitación y restauración a nivel nacional, dentro de la tercera fase del plan de reconstrucción habitacional.
La distribución geográfica de las obras refleja dónde golpeó más fuerte el sismo: La Guaira concentra 2.926 viviendas en intervención; Yaracuy, 2.700; Caracas, 1.690; y Aragua, 918.
El estado más golpeado, La Guaira, fue también el escenario del diagnóstico más detallado. Según el llamado «semáforo de habitabilidad» presentado por Faría, el 49,3% de las viviendas evaluadas está en verde y puede habitarse de inmediato; el 23,5% permanece en amarillo, a la espera de reparaciones; y el 27,2% quedó clasificado en rojo. Sobre este último grupo, la funcionaria precisó que solo una minoría terminará en demolición, ya que la prioridad del plan es rescatar las estructuras mediante ingeniería especializada. «Las viviendas en rojo corresponden en su mayoría a estructuras que requieren un recálculo por parte de ingenieros estructurales y patólogos. Ellos realizan un modelo matemático de la estructura para ejecutar la obra y volverla habitable», explicó según la fuente.
A puerta cerrada, sin embargo, la pregunta que nadie en el aparato estatal responde con claridad es otra: ¿con qué recursos, con qué transparencia y bajo qué supervisión independiente se ejecuta esta reconstrucción? Venezuela llega a esta catástrofe tras años de desinversión en infraestructura, colapso del sector privado de la construcción y una economía sometida a controles que ahuyentaron el capital y la tecnología necesarios para mantener el parque habitacional en condiciones sísmicas adecuadas.
La escena lo dice todo. Un régimen que ha monopolizado durante años la gestión del territorio, la vivienda y la economía enfrenta ahora la factura de esa concentración de poder: cuando el Estado falla —y un terremoto lo hace fallar de golpe—, no existe el tejido privado, la sociedad civil robusta ni la institucionalidad independiente que absorba el golpe. Lo que queda es el boletín de Telegram de Jorge Rodríguez y la inspección técnica de Jacqueline Faría.
Para Hemisferio, el principio en juego es tan viejo como el debate sobre el tamaño del Estado: los gobiernos que centralizan todo el poder también centralizan todas las consecuencias de sus fracasos. Las 17.907 familias sin vivienda y las más de 5.000 víctimas mortales no son solo el resultado de un fenómeno natural. Son también el resultado de décadas de políticas que destruyeron la libre empresa, la propiedad privada y la capacidad técnica del país para construir y mantener estructuras que resistan lo que la geología, inevitablemente, siempre termina exigiendo.
