La escena lo dice todo. El domingo 12 de julio, mientras 19.583 venezolanos dormían en 108 campamentos transitorios instalados en escuelas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicaba en redes sociales el nuevo balance oficial de la catástrofe: 4.490 muertos, 157 más que el día anterior.
Los heridos se mantienen en 16.740. Las réplicas acumuladas desde el 24 de junio llegan a 1.222. Y el número de personas que perdieron su vivienda asciende a 17.907, aunque el propio gobierno, según informó Rodríguez, prevé que esa cifra aumente conforme avance la inspección de edificaciones que resistieron los terremotos pero sufrieron daños estructurales.
Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Especialistas han descrito el fenómeno como un doblete sísmico, una secuencia poco común por la cercanía temporal entre ambos eventos, y lo han catalogado como los sismos más potentes registrados en el país en 126 años. La Guaira fue la región más golpeada.
El balance oficial del 12 de julio, presentado por Rodríguez, consigna también 6.462 personas rescatadas y 120.794 familias atendidas desde el inicio de la emergencia. En materia de infraestructura, el reporte da cuenta de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Las inspecciones técnicas continúan antes de permitir el retorno de familias a estructuras comprometidas.
La respuesta humanitaria ha incluido la distribución de 9.995 toneladas de alimentos y más de 18,5 millones de litros de agua. Se han atendido 32.401 pacientes como parte del despliegue sanitario. En las labores de emergencia participan 2.422 rescatistas internacionales, junto a 31.837 efectivos desplegados y 30.535 voluntarios registrados. Países como Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Suiza se sumaron con personal y equipamiento, según el balance oficial.
Este fin de semana comenzó además un censo biométrico destinado a determinar cuántas casas nuevas se requieren. La estimación preliminar habla de 25.000 unidades. El gobierno de Delcy Rodríguez, según informó Jorge Rodríguez, prevé que la cifra de damnificados sin vivienda crezca.
Los detalles cuentan la historia. Los campamentos transitorios, instalados principalmente en escuelas de Caracas, Miranda y La Guaira, pasaron de 94 el sábado a 108 el domingo, catorce más en un solo día. Las lluvias, según reportes adicionales, ya causaron inundaciones en algunos de esos recintos en La Guaira. El Hospital Francisco Rísquez en Caracas, según advirtieron fuentes citadas por medios venezolanos, está al borde del colapso por los daños sufridos en los terremotos.
Para Hemisferio, la aritmética del desastre revela algo que va más allá de los sismógrafos. Venezuela llega a esta catástrofe con una infraestructura sanitaria y habitacional que acumulaba años de deterioro previo al 24 de junio. Que 190 edificios hayan colapsado y 856 hayan quedado dañados en un país donde la construcción y el mantenimiento de vivienda pública llevan lustros de parálisis no es solo una tragedia natural: es el costo diferido de décadas de gestión estatal que priorizó el control político sobre la inversión en infraestructura básica.
La pregunta que el balance oficial no responde es quién reconstruirá esas 25.000 viviendas estimadas, con qué recursos, bajo qué mecanismos de transparencia y en qué plazo. La Cruz Roja Venezolana, según informaron medios locales, contrató a Ernst & Young para favorecer la transparencia institucional, un gesto que subraya, por contraste, la opacidad con que el aparato estatal maneja la emergencia. Mientras los voluntarios y los rescatistas internacionales trabajan sobre el terreno, la reconstrucción real exigirá algo que el régimen ha demostrado escasa disposición a tolerar: inversión privada, auditoría independiente y libre empresa.
