Antes de ser una cifra en un informe estatal, cada mujer indígena de Panamá tiene una historia: una niña que aprende su lengua materna, una joven que entra a la universidad, una madre que enseña un oficio transmitido por generaciones. Los detalles cuentan la historia, y el Censo 2023 los pone en números.
El XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda, realizado en 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), registró 698,114 personas indígenas en Panamá. De ellas, 352,292 son mujeres, el 50.4% de esa población. Pertenecen a los pueblos Guna, Ngäbe, Buglé, Emberá, Wounaan, Naso Tjër Di y Bribri, cada uno con su propia lengua y organización comunitaria.
Una parte significativa de ese universo es menor de edad: 133,432 mujeres indígenas tienen menos de 15 años, el 38% del total femenino indígena.
La escuela sí funciona
La escena lo dice todo cuando se mira la educación superior. El Censo 2023 registró 24,922 mujeres indígenas con nivel universitario, frente a 18,521 hombres en la misma categoría. Las mujeres indígenas no solo alcanzan a los hombres en las aulas: los superan.
Es un dato que rompe con el relato de rezago permanente y que debería ser el punto de partida de cualquier política pública seria: hay una generación de mujeres indígenas formándose en universidades, postgrados, maestrías y doctorados.
Pero el mercado laboral no acompaña
El giro llega cuando el censo cruza educación con empleo. De las 224,162 personas indígenas económicamente activas, solo 72,877 son mujeres. De las 286,034 personas indígenas fuera del mercado laboral, 186,699 son mujeres.
Y en ingresos, la brecha se abre todavía más: 131,429 hombres indígenas reportan ingresos frente a 61,538 mujeres, según el mismo censo.
El desenlace es una paradoja incómoda: más diplomas, menos autonomía económica. Las mujeres indígenas llegan a la universidad en mayor número que los hombres, pero no logran traducir ese capital humano en participación laboral ni en ingresos propios.
Lo que revela el informe defensorial
Un Informe defensorial sobre la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas, presentado en agosto pasado, añade capas a ese cuadro. Según ese informe, el 59% de las más de 14,000 madres adolescentes (10 a 19 años) del país son indígenas, y el 70% de esas madres adolescentes indígenas está fuera de la escuela.
El mismo documento señala que el 15% de las mujeres jóvenes indígenas (15 a 17 años) se encuentra en uniones tempranas, frente a solo el 2% de los varones. Y que, entre 2018 y 2022, el 33.3% de las muertes maternas del país se concentraron en las comarcas Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá Wounaan, de las cuales el 28.9% correspondió solo a la comarca Ngäbe-Buglé.
El informe también documenta un patrón que se repite en distintos pueblos: las niñas indígenas de 0 a 11 años asisten a la escuela en proporción algo mayor que los niños, pero esa ventaja se invierte en la adolescencia, tanto en zonas urbanas como rurales.
Voces desde adentro
Iguandili López, mujer indígena y directora de la Escuela Nacional de Danzas de Panamá, dijo a La Prensa que «el arte es una herramienta esencial para que cualquier pueblo manifieste sus ideas, sueños y realidades». La danza, explicó, le ha permitido compartir su cultura con la sociedad panameña y con el mundo, fortaleciendo su identidad.
López advirtió, sin embargo, que estos espacios no deben depender únicamente de iniciativas temporales, y señaló que uno de los principales retos para los pueblos indígenas es que los proyectos dirigidos a sus comunidades se construyan escuchando sus propias voces y necesidades, no diseñados a puerta cerrada por burócratas en la capital.
ONU Mujeres, por su parte, reconoce a las mujeres y niñas indígenas como lideresas y guardianas de conocimientos, pero advierte que enfrentan desigualdades estructurales que limitan su acceso a servicios, justicia y espacios de decisión. El organismo plantea que el avance requiere pasar del reconocimiento simbólico a condiciones concretas de participación.
La lectura de fondo
Los números del Inec desmienten el relato de que la brecha indígena es solo una cuestión de acceso a las aulas: esa brecha ya se cerró, e incluso se invirtió, en la educación superior. El problema real está en otro lado, en un mercado laboral y una estructura de comarcas que no logran convertir diplomas en ingresos ni en propiedad.
Para entender el presente hay que volver a esas cifras: cuando la formación no se traduce en autonomía económica, el fracaso no es de las mujeres indígenas que estudiaron, sino de un entorno institucional —escuelas rurales sin continuidad, comarcas con débil integración al mercado formal, políticas construidas sin consulta— que todavía no les abre la puerta a capitalizar su propio esfuerzo.
