La escena lo dice todo. Un país que presume de canal interoceánico, de hub financiero y de estabilidad jurídica convive, en silencio, con una generación entera que ha quedado fuera del sistema. Según información presentada por el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes panameños de entre 15 y 29 años se encuentra en condición de NINI: ni estudia ni trabaja. Diversas autoridades han advertido que esa realidad representa alrededor de 250 mil jóvenes.
La cifra estremece. Pero lo que viene detrás de ella es peor: delincuencia, consumo de drogas, pandillerismo, trata de personas, explotación sexual, violencia y exclusión social. Cada joven que abandona las aulas no es solo un expediente cerrado en el Ministerio de Educación; es un costo diferido que la sociedad pagará, tarde o temprano, en seguridad pública, salud y productividad perdida.
El equilibrio roto
La Constitución panameña reconoce el derecho de toda persona a la educación y asigna al Estado la responsabilidad de organizar y dirigir el servicio público educativo. Establece, además, que los padres tienen el derecho y el deber de participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. Sobre el papel, la responsabilidad es compartida. En la práctica, ese equilibrio se ha debilitado.
Especialistas en empleo juvenil coinciden en que los entornos familiares problemáticos suelen ser el primer factor que lleva a los jóvenes a delinquir o a quedar fuera del sistema. Con demasiada frecuencia, señalan, se pretende trasladar a los docentes responsabilidades que corresponden, en primer lugar, al hogar. Ningún sistema educativo alcanza resultados satisfactorios si la familia renuncia a su papel formador.
A eso se suma el incremento de la violencia escolar: agresiones físicas entre estudiantes, acoso, amenazas, porte de armas y consumo de sustancias. No son fenómenos aislados; son síntomas de la pérdida progresiva de los factores de protección que deberían acompañar el desarrollo de niños y adolescentes.
Lo que el debate no puede ignorar
El debate público ha tendido a responder con actividades recreativas: deporte, cultura, programas de tiempo libre. Son herramientas valiosas, pero no sustituyen una política pública integral. Lo que especialistas y autoridades plantean es avanzar hacia un Sistema Nacional de Alerta Temprana para la Permanencia Escolar, capaz de identificar a tiempo a los estudiantes en riesgo de deserción y activar mecanismos de intervención interinstitucional que coordinen al Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, las autoridades locales y las familias.
La lógica es simple: la prevención siempre será menos costosa que la reparación.
También se plantea fortalecer la corresponsabilidad de los padres. El principio del interés superior del niño, ampliamente desarrollado en el ordenamiento jurídico panameño, no puede quedarse en una declaración de principios. Debe traducirse en mecanismos eficaces para atender los casos de abandono de responsabilidades parentales.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que las cifras del Mitradel cruzaron los despachos sin provocar una respuesta de Estado a la altura. Panamá no carece de diagnóstico; carece de decisión política.
Desde Hemisferio, el cuadro es claro: 250 mil jóvenes fuera del sistema no son un problema de presupuesto educativo solamente. Son el reflejo de un aparato estatal que ha crecido en tamaño y en promesas, pero que no ha logrado sostener la institución más básica del desarrollo humano: la escuela como puerta de entrada al mercado y a la vida productiva. Cuando el Estado falla en esa función primaria, y cuando la familia tampoco sostiene su parte, el vacío lo llena la calle.
El costo de no actuar no se mide en partidas presupuestarias. Se mide en seguridad ciudadana deteriorada, en talento que el mercado nunca verá, en una generación que llegará a la adultez sin las herramientas para sostener el crecimiento que Panamá necesita. Rescatar a un joven hoy es, en términos estrictamente económicos y de orden público, la inversión con mayor retorno que el país puede hacer. La pregunta es si hay liderazgo político dispuesto a decirlo en voz alta y a actuar en consecuencia.
