La escena lo dice todo. En el cementerio La Esperanza, a unos 25 kilómetros de Catia La Mar, trabajadores amplían el campo santo para albergar «unas 2.000 o 3.000 tumbas» más, según declaró a EFE un empleado del lugar. Cruces blancas con números en lugar de nombres. Muestras de ADN guardadas a la espera de que alguien venga a reclamarlas. Esa imagen resume mejor que cualquier rueda de prensa el tamaño de la catástrofe que sacudió Venezuela el 24 de junio.
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado, según cifras oficiales del gobierno, 4.333 fallecidos y casi 18.000 personas sin hogar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, admitió este sábado que 315 de los cuerpos recuperados permanecen sin identificar —«el 7 % del total de personas fallecidas», precisó— porque ni el reconocimiento visual ni la huella dactilar permitieron asociarlos a una identidad.
Lo que el gobierno no ofrece es una cifra de desaparecidos. Rodríguez justificó el silencio con un argumento que, en boca del poder, suena a eufemismo: «Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad». Plataformas independientes, citadas por EFE, sitúan en casi 30.000 las personas aún no contactadas. La brecha entre esa estimación y el mutismo oficial es, en sí misma, un dato.
El mismo funcionario —hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— defendió también el ritmo lento del desescombro: «Si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado, no sabemos si podemos llevarnos una vida humana en ese proceso». La justificación es técnicamente razonable. Lo que no explicó es por qué, a más de dos semanas del sismo, las escuelas de Caracas, Miranda y La Guaira siguen funcionando como albergues, postergando el inicio del año escolar previsto para septiembre.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El gobierno calcula que se necesitarán al menos 25.000 viviendas nuevas para los damnificados, una cifra que el propio Rodríguez advirtió que «seguramente va a aumentar» conforme avancen las inspecciones. Las primeras 200 unidades, prometió, serán entregadas «la próxima semana» por Delcy Rodríguez, sin más detalles sobre financiamiento ni plazos de construcción. Para septiembre u octubre, el plan es tener listos «campamentos unifamiliares» que liberen las escuelas. Para el resto, la espera.
La logística del terreno existe sobre el papel: un sobrevuelo en La Guaira identificó 40 parcelas que suman 584.000 metros cuadrados, ubicadas en zonas planas o mesetas. Se realizan estudios geológicos. Se habla de «ciudades antisísmicas» con canchas y centros comerciales. Los detalles cuentan la historia: entre el anuncio y el concreto hay un abismo que Venezuela ha recorrido muchas veces en la última década sin llegar al otro lado.
El financiamiento es el nudo. Delcy Rodríguez mantiene conversaciones con Estados Unidos, Brasil, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según informó el propio Jorge Rodríguez. La presidenta encargada también envió una carta al rey Carlos III solicitando la liberación del oro «retenido» en el Banco de Inglaterra para destinarlo a la reconstrucción. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, confirmó a EFE desde La Guaira que Naciones Unidas ya está «recaudando dinero» para un plan que incluye viviendas prefabricadas.
El cuadro que emerge es el de un Estado que depende de recursos externos —activos bloqueados, créditos multilaterales, donaciones internacionales— para responder a una emergencia doméstica de primer orden. No es un accidente: es la consecuencia acumulada de años de destrucción del aparato productivo, de la industria de la construcción y de las reservas fiscales.
Desde Hemisferio, el diagnóstico es difícil de esquivar. Un gobierno que durante años centralizó la economía, expropió empresas constructoras y ahuyentó la inversión privada se encuentra hoy sin capacidad propia para levantar 25.000 viviendas en el tiempo que la emergencia exige. La solución que propone —ingeniería financiera con activos retenidos en el exterior y préstamos de organismos multilaterales a los que antes denostaba— es, en el fondo, un reconocimiento implícito del fracaso del modelo. Mientras tanto, 315 cruces blancas esperan un nombre en La Esperanza, y casi 18.000 familias esperan una puerta que abrir.
