La escena lo dice todo. Mientras los equipos de rescate todavía removían escombros en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya recibía cuerpos en seis sedes simultáneas: Palmira, Quibdó, Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali.
El sismo ocurrió el lunes 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 7,4 con profundidad de 96 kilómetros, lo que lo convierte, según la fuente, en el más fuerte desde 1979.
Los números cuentan la historia en tiempo real. Con corte al 11 de agosto —apenas 24 horas después del sismo— Medicina Legal había abordado 28 cuerpos, de los cuales 22 fueron plenamente identificados. En los días siguientes la cifra escaló a 160 y luego a 202 cuerpos recibidos. De ese total, 121 han sido identificados, entre ellos cinco menores de edad, según informó el propio instituto.
La mayor concentración de víctimas se registra en Cali y Pereira. Precisamente la sede de Cali sufrió afectaciones en su infraestructura, lo que obligó al instituto a trasladar temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde dispone de personal para atender a la ciudadanía.
La coordinación institucional involucra a varios actores. La Fiscalía General de la Nación participa en la entrega de cuerpos en cada municipio. La fiscal Luz Adriana Camargo señaló que fue necesario reubicar algunas sedes del ente acusador y anunció la implementación de «un sistema único de información que permitirá conocer en el menor tiempo posible la identificación para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares en cada región».
Desde el Cuerpo Técnico de Investigación, el general en retiro José Luis Ramírez explicó que el despliegue se ajustó «de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con mayor presencia en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca». Medicina Legal participa además en el Puesto de Mando Unificado Nacional y coordina la información oficial relacionada con el desastre.
Un flanco que aún no está resuelto es el de los servicios funerarios. El instituto informó que se adelantan gestiones con el gobierno para activar convenios con funerarias, de modo que las víctimas sin afiliación a seguros exequiales puedan acceder a esos servicios de manera gratuita. Es un detalle que no figura en los titulares, pero que define si la tragedia se cierra con dignidad o con una deuda impagable para familias que ya lo perdieron todo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia no había enfrentado un sismo de esta magnitud en 46 años, y el aparato estatal tuvo que activarse en simultáneo en cuatro departamentos, con infraestructura propia dañada y con la presión de familias que buscan a sus muertos.
Los detalles cuentan la historia. La capacidad forense del Estado colombiano está siendo puesta a prueba en condiciones adversas: sedes inutilizadas, traslados de cuerpos entre municipios, sistemas de información construidos sobre la marcha. Que 121 de 202 cuerpos ya estén identificados habla de una respuesta técnica que funciona. Que aún se negocien convenios funerarios para quienes no tienen seguro exequial habla de un Estado que llega tarde a lo más básico. La libre empresa —las funerarias privadas— está siendo convocada como solución de emergencia allí donde la previsión pública no alcanzó. Es el patrón de siempre: la tragedia revela lo que la burocracia ordinaria disimula.
